Con el norte perdido

Tras haber intentado antes de que se iniciaran las vacaciones parlamentarias enmascarar el caso Gürtel con la supuesta prevaricación del entonces presidente de la Junta de Andalucía por no haberse abstenido en la decisión de conceder una subvención a una empresa en la que trabajaba su hija, la dirección del PP vuelve a la carga tras el inicio del curso parlamentario con el caso Mercasevilla, a fin de denunciar la "doble vara de medir", en palabras de Esteban González Pons, de la fiscalía y de la policía en la persecución de la corrupción, cuando la administración investigada está dirigida por el PP o por el PSOE.

El recorrido de esta segunda maniobra de distracción va a ser tan corto como el de la primera. Parece claro, por los indicios de que se dispone, que en Mercasevilla se ha producido o se puede haber producido un caso de corrupción, que casi se podría calificar de libro. Es obvio que, hasta que no se produzca el juicio y se dicte sentencia no sabremos con seguridad que los indicios que conocemos tienen la categoría de pruebas destructoras de la presunción de inocencia, pero no es menos obvio que la apariencia de corrupción es muy fuerte.

Esto creo que no lo discute nadie y menos que nadie la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Empleo fue la que denunció el caso ante el Ministerio Fiscal, a fin de que investigara y adoptara las medidas que estimara pertinentes. No ha habido, por tanto, ninguna maniobra de ocultación, sino todo lo contrario. Una vez conocido el material aportado por el empresario presuntamente objeto de la extorsión, la reacción fue fulminante.

¿Tiene esto algo que ver con la conducta del Gobierno de la Comunidad de Valencia o de la Comunidad de Madrid con el caso Gürtel? La respuesta está en todos los medios de comunicación y es, por tanto, sobradamente conocida.

A pesar de ello, vale la pena reflexionar sobre la diferente manera de reaccionar ante la corrupción del Gobierno andaluz y de los Gobiernos valenciano y madrileño y, por extensión, de las direcciones nacionales del PP y del PSOE. Porque lo decisivo en materia de corrupción es cómo se reacciona frente a ella. No hay ningún partido "incompatible con la corrupción", como dijo en su día Javier Arenas refiriéndose al PP. Casos de corrupción se producen tanto en aquellas administraciones en las que gobierna el PP como en las que gobierna el PSOE. Se puede debatir si se producen con más frecuencia en las primeras o en las segundas, pero todos son igualmente repugnantes.

Ahora bien, puesto que ningún partido es incompatible con la corrupción, lo determinante es ver cómo reacciona la dirección de un partido cuando se detecta un caso de corrupción en su interior. Y en este terreno la diferencia entre la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves y los Gobiernos presididos por Francisco Camps y Esperanza Aguirre no puede ser más clara. Mientras que en Andalucía se ha reaccionado de manera enérgica y fulminante, haciendo público el expediente de concesión de la subvención a la empresa Matsa, a fin de que nadie pudiera tener la más mínima duda de que la decisión había sido ajustada a derecho y se actuó penalmente en el caso Mercasevilla, en Madrid y Valencia no se ha hecho otra cosa que entorpecer la investigación y avalar a los involucrados en los casos de corrupción.

De ahí que no se entienda muy bien que un dirigente andaluz como Juan Ignacio Zoido se haya prestado a comparecer conjuntamente con un dirigente valenciano para hablar de corrupción y comparar Andalucía con Valencia. Él sabrá lo que hace, pero no parece que un dirigente valenciano sea la mejor compañía para hablar de corrupción.