El Gobierno, obligado a ampliar a otros 255.000 parados la ayuda de 420 euros

El Gobierno se dio ayer de bruces con la cruda realidad en el inicio del curso político: el paro sigue desbocado (84.985 parados más en agosto) y la difícil aritmética parlamentaria le obliga a rectificar sus propias decisiones por falta de apoyo. Así, obligado por su soledad en el Congreso y la presión de los sindicatos, el Ejecutivo aceptó ayer extender la ayuda de 420 euros mensuales a los parados que agotaron la prestación de desempleo a partir del 1 de enero, y no del 1 de agosto inicial. Para hacer de la necesidad virtud, presentó la rectificación como un acto de "estricta justicia".

El portavoz socialista, José Antonio Alonso, cerró ayer un acuerdo con los partidos minoritarios de la izquierda (ERC, BNG, IU, ICV y NaBai), al que se sumaron inmediatamente CiU, PNV y Coalición Canaria. Sólo el PP y UPyD están fuera del pacto. A primera hora de la mañana, Gaspar Llamazares (IU) entró en el despacho de Alonso representando a toda la izquierda parlamentaria, con la que había acordado una posición común para condicionar la convalidación del decreto. Salió poco después con un pacto que recoge las exigencias de los sindicatos para modificar el decreto del Gobierno que tomaba como referencia el 1 de agosto.

Sólo la ausencia del resto de los portavoces impidió una comparecencia conjunta de los cinco portavoces de la izquierda para exhibir el éxito de su presión, tras haber actuado por primera vez como un bloque compacto. Y Llamazares proclamó un "giro a la izquierda" del Ejecutivo que, según dijo, debe tener continuidad en la negociación de los Presupuestos y de las subidas fiscales.

El acuerdo supone que el decreto se convalidará el día 17 en el Pleno y pasará a tramitarse como un proyecto de ley. Se incluirá como enmienda la nueva fecha de referencia y se eliminará la condición de que la ayuda permanecerá mientras el paro no baje del 17%. Los grupos se imponen una tramitación urgente para que la norma pueda estar en vigor a principios de noviembre.

Es decir, los que acabaron con la prestación el 1 de agosto ya pueden recibir la ayuda, puesto que el decreto entró en vigor el día de su aprobación. Y los que dejaron de cobrar entre el 1 de enero y el 1 de agosto deberán esperar a la aprobación de la ley en noviembre. Hasta ahora han solicitado la ayuda 64.000 parados que terminaron la prestación desde el 1 de agosto y se prevé que lleguen hasta 340.000 en lo que queda de año. Con la rectificación, se incorporarán otros 255.000 que agotaron la prestación desde principio de año. Hasta ahora, el Gobierno había rechazado la ampliación por falta de Presupuesto, ya que sus cálculos eran de unos 100 millones más por cada mes que se ampliara. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, advirtió ayer en Bruselas, poco antes de cerrarse el pacto, que ampliar las ayudas "significa detraer recursos de otras alternativas o incrementar déficit". Luego aseguró que el pacto es una "excelente medida" que supondrá que "nuestro déficit se vea un poco más tensionado", informa Andreu Missé.

El portavoz socialista rechazó que el acuerdo haya venido forzado, tras haber comprobado que ningún grupo estaba dispuesto a apoyar la convalidación del decreto. Utilizó la expresión "estricta justicia" para justificar lo que hasta ahora negaba el Ejecutivo.

Tras el acuerdo queda descolocado el PP, que pasó del apoyo al decreto cuando se aprobó, a utilizar contra el Gobierno las dudas posteriores sobre la fecha de aplicación. Ayer, fuentes del Grupo Popular mostraron su interés por poner distancia con el acuerdo y mantener la tesis de la improvisación. Por todo pronunciamiento público, el PP emitió un comunicado en el que dice que actuará "de forma responsable" en la tramitación, sin especificar si apoyará con todos los demás grupos la convalidación. El PP tiene en sus manos impedir la tramitación rápida del proyecto de ley y evitar que entre en vigor a principios de noviembre.