420 desde enero

Para salir del jardín en que se había metido, el Gobierno ha tenido que pactar con los partidos de izquierda que la ayuda especial de 420 euros durante seis meses a parados que hayan agotado las prestaciones beneficiará a quienes hayan quedado en esa situación a partir del 1 de enero, y no del 1 de agosto, como aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 13. Esa fecha de referencia, enero, había sido la propuesta por los sindicatos en las negociaciones del fracasado diálogo social.

A falta de explicaciones sobre los criterios para fijar esa limitación temporal, se produjo una gran confusión, y la frustración de quienes creyeron que la medida beneficiaba a todos los parados sin cobertura. Pero cuando se aclaró, fue peor: nadie entendía por qué los últimos en perder la cobertura (en agosto) serían los primeros en percibir la ayuda. La salida planteada por Zapatero fue renegociar la fecha con los sindicatos. El Gobierno les planteó atrasarla al 1 de junio, lo que suponía incluir a unos 100.000 parados más. Pero frente a ese acercamiento, los sindicatos subieron dos escalones: que la ayuda especial se convirtiera en subsidio universal y permanente para todos los parados sin otra prestación.

El resultado de la negociación, ya con los partidos de izquierda como interlocutores, ha sido un aparente punto intermedio: enero, como planteaban inicialmente los sindicatos, lo que supone ampliar a 700.000 personas lo que se había calculado para 340.000. Esto ocurría ayer, justo cuando se conocía que, tras tres meses de reducción, el número de parados en agosto había aumentado en 85.000 personas, hasta un total de 3.629.000. Es la segunda mayor subida en ese mes desde que se aplica el actual sistema de medición, si bien menor que la del año pasado (100.000 personas). Aunque prevista por razones estacionales, la subida indica que no se ha detenido la tendencia al mantenimiento de unas cifras que vuelven a doblar, como a mediados de los noventa, la media europea. Con el agravante de que la experiencia indica que en España sólo se reduce el paro a partir de crecimientos del PIB de entre 2,5% y el 3%, por lo que es posible que, incluso si se produce el inicio de recuperación pronosticado por el Gobierno para 2010, las cifras seguirán siendo muy elevadas mucho tiempo.

La vicepresidenta económica cifró ayer en unos 1.300 millones de euros el coste de la nueva prestación, el doble de lo previsto. Entre enero y julio, el aumento del gasto en medidas anticrisis (prestaciones y fomento del empleo, especialmente) ha multiplicado por cuatro el desfase entre ingresos y gastos del Estado. Por supuesto que la emergencia obliga a actuar en ayuda de las familias sin prestación alguna. Pero urge un debate sobre qué otros gastos hay que recortar, las medidas fiscales compatibles con el estímulo a la reactivación y qué inversiones públicas pueden favorecerla: es decir, urge una política económica coherente y no sólo respuestas defensivas sobre la marcha.