Vecinos y tenderos reclaman regular la prostitución

Prohibir o regular. Luchar contra la prostitución -como en Suecia- o tratar de gestionar el que es conocido como el oficio más viejo del mundo -como en Holanda-. Esas dos opciones dividen los ánimos en todas las ciudades y Estados que han afrontado el problema. Barcelona trata de erradicar el negocio del sexo en la calle con una ordenanza cívica que prevé multas para quien ofrezca o demande sexo en la calle. Y que se ha demostrado completamente incapaz de lograr su objetivo. En eso coinciden los vecinos del Raval, los comerciantes de la Boqueria y las trabajadoras sociales que se ocupan de ayudar a las prostitutas. La opción para todos ellos está clara: para afrontar los problemas de convivencia que supone la prostitución, hay que regular las condiciones y los lugares en los que se ejerce.

"Es absurdo multar a las chicas de la calle", denuncia la ONG Àmbit Dona

Las cámaras de la Boqueria no sirven para evitar allí la actividad nocturna

Los abolicionistas creen que reglar la actividad perpetúa la opresión femenina

Algunos políticos, en sus despachos, aún se aferran a la ordenanza y dan vueltas a la posibilidad de reformarla. A pie de calles como la de las Egipcíaques, que, con su nombre, atestiguan la presencia de la prostitución en el Raval desde los orígenes de ese barrio, la preocupación es cómo hacer que esa actividad se lleve a cabo sin molestar.

"De toda la vida ha habido chicas trabajando aquí", explica Manel Ripoll. No dramatiza el fenómeno quien estaría más interesado en hacerlo: Ripoll preside la Asociación de Comerciantes de la Boqueria, aquellos que cada mañana han de lavar de condones usados la calle antes de abrir sus tiendas. Ripoll, cuya familia tiene un puesto en el mercado desde hace más de un siglo, tiene clara la solución a este problema concreto desde hace una década: cerrar los accesos al recinto de noche con una verja "de vidrio, no de rejas", subraya. "Eso nos facilitaría la vida a nosotros, pero el problema en las calles persistiría", concede, sin embargo, el comerciante.

¿Hay que poner entonces más policías? Los vecinos saben que por muchos agentes que haya, no serán suficientes, y lo mismo conceden los portavoces del propio cuerpo. ¿Cámaras de seguridad? Ya las hay en los porches de la Boqueria, y eso no impide que ese lugar sea uno de los focos donde las prostitutas practican el sexo en la calle.

Ripoll piensa en otra solución más global: las viejas "casas de citas". "Las chicas que trabajaban allí tenían que estar identificadas, y cada mes pasaban una revisión médica". Nada de ordenanzas prohibicionistas, pues. "La acción del Parlamento" es lo que se requiere según Ripoll. El último amago del Departamento del Interior de promover una regularización de la prostitución se abortó, sin embargo, a inicios de 2006, cuando la socialista Montserrat Tura era la consejera.

Y hay escépticos. "Cuando una sociedad reglamenta la prostitución, recluye a las mujeres y reconoce una actividad de violencia contra ellas que debería erradicarse", critica Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma por la Abolición. "Lo que hay que hacer es deslegitimar a los prostituidores", añade, y remata: "Es infantil pensar que los espacios autogestionados funcionarían".

Pero no sólo Ripoll añora esos burdeles. También Maria Casas lamenta que el franquismo los cerrara y lanzase las prostitutas a la calle. "Antes había un pacto de respeto entre los vecinos y las chicas", rememora. Su madre ya vivía en un barrio en el que ahora Casas preside la asociación de vecinos Taula del Raval. Cree que hay que recuperar los espacios donde ejercer la prostitución fuera de la vía pública. "Y estaría bien que esos lugares se distribuyesen por toda la ciudad", apunta, un tanto harta de que en el Raval se concentre la mayor parte de la canallesca barcelonesa. A la regulación, que defiende también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, añade Casas otra receta: sentar en una mesa a vecinos y prostitutas.

Coincide en subrayar esta necesidad de diálogo la trabajadora social Marcela Torres, de la ONG Àmbit Dona. Es la más combativa contra una ordenanza municipal que, cree, "ha supuesto un antes y un después en el trabajo de las chicas. Ahora su situación es mucho más precaria". Torres trabaja en una entidad que atiende a las trabajadoras del sexo desde hace 10 años, y denuncia las clausuras de locales y las persecuciones en la calle. "Es absurdo imponer una multa a una chica que ha de trabajar en la calle para ganarse la vida", añade.

Así que resume: "Hay pancartas pidiendo un barrio más digno. ¿Más digno para quién?" Para las prostitutas cada vez es más peligroso, opina, porque en lugar de regular se persigue su actividad.