Guerra de desgaste

El conflicto latente entre la Asociación de Municipios vascos (EUDEL) -con mayoría nacionalista- y la Consejería de Interior del Gobierno vasco a cuenta de la retirada de símbolos de ETA camina hacia su superación de la mejor manera posible: ambas partes acordaron ayer cooperar para evitar cualquier manifestación de "enaltecimiento del terrorismo u ofensa de la memoria y dignidad de las víctimas".

Son términos similares a los que emplea el Código Penal para definir el delito que ha venido a sustituir al antiguo de apología del terrorismo; pero son también los recogidos en la Ley de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Parlamento vasco en junio del año pasado, con la sola oposición de EHAK, en la que se insta a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para eliminar tales símbolos y pintadas.

En aplicación de esa ley, el anterior Gobierno vasco ya había iniciado, poco antes de ser sustituido, la retirada de fotos de etarras. Los nacionalistas invocaron ese antecedente para reprochar a los socialistas haber dado a entender con sus referencias a la impunidad que hasta que llegaron ellos no se había hecho nada. Pero a la vez y de manera algo contradictoria, acumulaban críticas a la intervención de la policía vasca contra esa impunidad. El conflicto se envenenó cuando el Departamento de Interior advirtió a un ayuntamiento vizcaíno que si no borraba las pintadas lo haría la Ertzaintza y después pasaría la factura de los gastos al municipio, lo que fue considerado por los nacionalistas invasión de competencias municipales.

Durante años, fotos en que se trataba como héroes a los etarras y carteles con sus consignas han presidido fiestas patronales y tamborradas, se han celebrado homenajes en lugares públicos a activistas que salían de prisión, se ha financiado las visitas de sus familiares a los presos. Y se ha relativizado desde los poderes públicos la obligación de cumplir las leyes (por ejemplo, la Ley de Banderas). Por tanto, es cierto que ha existido una impunidad consentida. Pero también que un sector del nacionalismo está en contra de esa tolerancia unidireccional. Por ejemplo, la anterior presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, colocó en febrero pasado, tras una resolución del Tribunal Supremo y contra la opinión de relevantes dirigentes de su partido, la bandera española junto a la ikurriña en la Cámara vasca.

Tras la reunión de ayer, ambas partes constataron "una absoluta sintonía y clara voluntad de coordinación" y acordaron potenciar las juntas locales de seguridad que favorezcan la cooperación entre la Ertzaintza y los ayuntamientos. Frente a quienes sostuvieron que la iniciativa del Gobierno vasco sólo serviría para dar argumentos y protagonismo a los violentos, hay de momento una recuperación de la moral ciudadana, harta de ceder siempre ante los más brutos, y síntomas de que puede forjarse un nuevo consenso sobre ese aspecto concreto de la guerra de desgaste planteada por la minoría violenta contra la mayoría.