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Editorial:

Una batalla común

La eficacia contra la gripe A será mayor si la lucha contra el virus no se utiliza políticamente

La próxima inauguración del curso escolar ha vuelto a agitar las preocupaciones sobre el posible incremento de contagios por la gripe A, sobre todo cuando la vacuna que preparan los laboratorios no estará disponible, como pronto, hasta finales de septiembre. Nadie discute la importancia de la prevención y de la necesidad de seguir las recomendaciones de los organismos internacionales para combatir una gripe de la que todavía se desconoce con exactitud su capacidad letal, de ahí que convertir la lucha contra la enfermedad en arma política carezca de sentido. El reciente fallecimiento en Andalucía de tres mujeres afectadas por la nueva gripe en un periodo muy corto de tiempo ha generado la suficiente alarma y ha llevado a algunos miembros del Partido Popular a poner en tela de juicio la actuación del Ejecutivo en la batalla contra el H1N1.

La Unión Europea ha recomendado que la población que debe ser inmunizada de manera prioritaria sea la de las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos (de los diabéticos y obesos a los afectados por dolencias cardiorrespiratorias) y el personal sanitario. Junto a esos grupos habría que incluir en España los que añadió el Ministerio de Sanidad: niños, profesores y trabajadores de servicios esenciales, todos ellos por su mayor exposición a los contagios. La exigencia realizada por miembros del PP de que se vacune a la mayoría de la población no se sostiene frente a la opinión de los expertos, que no son partidarios de estas iniciativas masivas. En una cuestión en que resulta tentador rendirse al reclamo de las soluciones demagógicas, conviene seguir las recomendaciones de los técnicos, que manejan toda la información disponible y que conocen los recursos que habría que movilizar en caso de urgencia. Crear alarma en un asunto tan delicado es una actitud irresponsable, más aún cuando las medidas para combatir la gripe A, que finalmente toma el Ministerio de Sanidad, se han discutido desde el principio con las comunidades autónomas, gobernadas por grupos políticos de signo diverso.

El próximo lunes se reunirá una vez más el Consejo Interterritorial de Salud con el objetivo de acordar el plan de vacunación. Es en ese ámbito donde hay que perseguir la máxima eficacia en una batalla que los distintos partidos deberían asumir como propia para no confundir a la población y generar una inquietud que no conduce a ninguna parte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de agosto de 2009