La fiscalía de EE UU investigará a la CIA

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, decidió ayer nombrar a un fiscal especial que investigará una docena de casos en los que agentes de la CIA o personal contratado por la agencia pudieron haber torturado a presos en la llamada guerra contra el terrorismo, bajo el mandato del anterior presidente, George Bush. La decisión llegó horas después de que la oficina de control ético del Departamento de Justicia, dirigido por Holder, recomendara al Gobierno reabrir esos casos, todos ellos ya investigados y cerrados por una serie de abogados del Estado nombrados por la Administración Bush.

A esta investigación, confirmada ayer por la Casa Blanca, se suma la desclasificación, a petición de un juzgado federal, de un informe interno de la CIA, elaborado por su inspector general en 2004, en el que se detallan nuevas prácticas de malos tratos que se sumarán a las ya reveladas en el pasado, como el ahogamiento fingido. Entre ellas se revelaron ayer amenazas de todo calado. Según ese informe, un agente de la CIA le dijo a Khaled Sheik Mohammed, retenido en Guantánamo y acusado de planear los atentados contra Washington y Nueva York de 2001, que si EE UU sufría otro ataque, matarían a sus hijos. A otro supuesto terrorista se le amenazó diciéndole que, si no revelaba información, violarían a su madre delante de él, aunque el agente acusado de tales amenazas las tachó de falsas. El informe califica estas técnicas de "desautorizadas, improvisadas e inhumanas".

"Hay que mirar al futuro, no hacia atrás", afirma un portavoz de Obama

El director de la CIA, elegido por el presidente, critica la investigación

Holder dijo que sabe que su decisión será "polémica", pero la definió como la única opción "responsable" a su alcance. El fiscal general dio garantías a los agentes de la CIA de que "no se encausará a nadie que actuara de buena fe y de acuerdo con las directrices legales de la Oficina de Asesoramiento Legal [del Departamento de Justicia] respecto a los interrogatorios de sospechosos".

El encargado de investigar los malos tratos de la CIA será John Durham, un abogado del Estado con amplia experiencia que ha recibido una orden muy concreta del Departamento de Justicia: decidir si hay pruebas suficientes que permitan lanzar una persecución criminal en toda regla contra aquellos agentes y contratistas que quebrantaron la ley.

Barack Obama, anunció ayer que no interferirá en las decisiones del fiscal general, aunque personalmente crea que "hay que mirar al futuro, no hacia atrás", según dijo su portavoz, Bill Burton, desde la isla de Martha's Vineyard, donde el presidente está de vacaciones. Aunque Obama, en la campaña electoral del año pasado, criticó los malos tratos a prisioneros de la CIA, cuando llegó a la presidencia se mostró partidario de no indagar sobre prácticas erróneas ya enmendadas.

"Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia no serán enjuiciados", llegó a decir el presidente en abril. Durante el mandato de Bush, el Departamento de Justicia aprobó y justificó el uso de prácticas consideradas como tortura entre 2002 y 2005.

El director de la CIA nombrado por el propio Obama, Leon Panetta, criticó ayer duramente la reapertura de esas investigaciones. En un correo enviado a sus subordinados, momentos antes del anuncio de Holder, dijo: "Como director en 2009, mi interés principal, en lo que se refiere a un programa que ya no existe, es estar del lado de aquellos agentes que hicieron lo que su país les pidió y siguieron el asesoramiento legal que se les facilitó".

El informe interno de la CIA de 2004, hecho público después de una petición de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) detalla prácticas de malos tratos no reveladas hasta la fecha, aparte de las amenazas a familiares de los presos, como el uso de una pistola y de un taladro en el interrogatorio a Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de planificar el atentado de 2000 contra el destructor USS Cole, en el que murieron 17 marinos. En otros casos se asustaba a los presos con la amenaza de ejecutarlos de forma sumaria.

Los portavoces de la CIA argumentaron ayer que aquellos casos ya se desestimaron en su momento. "La CIA nunca apoyó prácticas -y no importa si eran poco frecuentes- que fueran más allá de las directrices oficiales. Todo eso ha sido sometido a revisión, los profesionales del Departamento de Justicia decidieron si debía presentarse cargos y cuándo. Así se suponía que funcionaba el sistema y así es como funcionó", dijo ayer en un comunicado Paul Gimigliano, portavoz de la agencia.

Sin embargo, ACLU, que pidió la desclasificación del documento, solicitó a Justicia la reapertura de los casos. "Las filtraciones del informe del inspector general de la CIA ofrecen aún más pruebas de que funcionarios del Gobierno cometieron serios crímenes durante los interrogatorios a prisioneros", dijo el director ejecutivo de la organización, Anthony Romero. "Las llamadas técnicas perfeccionadas de interrogatorio como las ejecuciones fingidas o las amenazas a prisioneros con pistolas y taladros no sólo son reprochables, son ilegales".

El informe de la oficina de control ético del Departamento de Justicia ha tardado cinco años en elaborarse, y sólo se ha culminado después de la llegada de Obama al poder. El predecesor de Holder, Michael Mukasey, se opuso a su culminación. Hasta este año, Justicia no informó de por qué se cerró la investigación de aquella docena de casos, que se encargó a un equipo de fiscales de Virginia.

Uno de ellos es el de Manadel al-Jamadi, cuyo cadáver supuestamente aparecía cubierto en hielo en algunas de las fotos donde soldados americanos humillaban a presos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. De él se sospechaba que había cometido un atentado contra unas instalaciones de la Cruz Roja en Bagdad, en el que murieron 12 personas. Falleció bajo custodia de la CIA, después de ser capturado por el comando de operaciones especiales de la Marina.

La investigación también se centró en el llamado manual de tortura de la CIA, un compendio de cuatro documentos redactados por los abogados del Departamento de Justicia, en los que se justificaban diversas técnicas de interrogatorio que bordean el trato cruel o inhumano, prohibido por la octava enmienda de la Constitución de EE UU.

Las detenciones e interrogatorios en terceros países y sin control judicial de sospechosos de terrorismo continuarán con Obama. La diferencia con la era Bush es que el Departamento de Estado será responsable de que no se torture a los prisioneros.