Ruido fiscal

El Gobierno no escarmienta. La gestión de la crisis económica está resultando un repertorio de decisiones apropiadas, en unas ocasiones, pero también inconexas, adoptadas de forma aislada y aparentemente poco meditadas, en otras. Cuando más necesarias son las señales de política económica -para compensar el derrumbe de la actividad y el ascenso récord del desempleo, pero también para infundir confianza a los agentes económicos- , el Gobierno pone sobre la mesa propuestas con apariencia de globos sonda, pero no un plan riguroso de actuación. Ahora el objeto de confusión son los impuestos.

Es razonable que, como otros Gobiernos han anunciado, el nuestro difunda su plan para reconducir a medio plazo unas finanzas públicas maltrechas como consecuencia de la crisis global: del ascenso del gasto y la caída de los ingresos públicos, por un lado, y de las necesarias decisiones de aumento de la inversión pública, por otro. Pero los comentarios que ha hecho el ministro de Fomento, y numero dos en el partido que gobierna, sugiriendo la necesidad de subir los impuestos a las rentas más elevadas, no transmite la impresión de que el Gobierno esté trabajando con el rigor necesario. Además, la forma en que se anunció la idea abunda en esa tónica general de improvisación y gesticulación para la galería a que nos tiene acostumbrado el Ejecutivo. Existe una vicepresidenta económica en el Gobierno -cuyo departamento cuestionó a las 24 horas el anuncio de Blanco- que se debería ocupar de la definición de la política fiscal que la gestión de la crisis reclama: debería analizar la conveniencia no sólo de modificaciones en el sistema tributario, sino también de estimar la capacidad recaudatoria de cada una de las figuras impositivas, haciendo lo propio con las alternativas de reducción de gasto publico o, no menos importante, de persecución del fraude y, en general, de mejora en la eficacia recaudatoria.

La inmediata preparación del proyecto de Presupuestos del Estado para 2010 debería haber sido la ocasión en la que el Gobierno hubiera demostrado que tiene capacidad y voluntad para gestionar seriamente, de forma coherente entre sus propios departamentos, lo que ya es la más severa recesión desde el inicio de la democracia y la más grave amenaza al bienestar de la mayoría de los españoles. Y, con el aval de la seriedad, así como del necesario ejemplo de austeridad en los gastos bajo su control, proponer como una decisión inevitable la elevación de impuestos, que antes o después tendremos que asumir como contrapartida de los estímulos que seguirán siendo necesarios, como acaba de recordar el Banco Central Europeo (BCE) para el conjunto de la eurozona.

Mal haríamos si esa mayor presión fiscal la soportaran los que tienen menos rentas o empleos más precarios. De la crisis no se sale financiando el torpemente instrumentado subsidio de 420 euros con aumentos de la presión fiscal a los sujetos pasivos que el ministro de Fomento considera ricos.