100 días en Ajuria Enea

La lucha contra ETA y la superación de la crisis económica son las dos prioridades del Gobierno de Patxi López, según ha declarado al cumplirse los primeros cien días de su Gobierno. Para hacer frente a esos desafíos cuenta con que el acuerdo de investidura con el PP vasco se mantenga durante toda la legislatura, lo que requerirá el esfuerzo por ambas partes para mantenerlo a resguardo de la bronca permanente que enfrenta a PSOE y PP en el escenario nacional.

Sobre la crisis económica poco ha podido hacer el nuevo Gobierno, que se encontró con el 70% del gasto anual ya comprometido por Ibarretxe y con una huelga general de los sindicatos nacionalistas nada más tomar posesión. Habrá que esperar a septiembre para ver si cuaja el intento de acuerdo con las diputaciones para desplegar una serie de iniciativas de estímulo de la recuperación. El País Vasco cuenta con dos ventajas comparativas: un tejido industrial saneado tras la reconversión de los años ochenta-noventa; y unas posibilidades de inversión pública, derivadas del Concierto, muy superiores a la media.

El combate contra ETA depende sobre todo de la policía y de los jueces, pero las instituciones vascas son especialmente responsables de la otra cara de la política antiterrorista: lo que Josu Jon Imaz llamó "deslegitimación social y política del entorno" de la banda. Esa deslegitimación implica un discurso político que desautorice la pretensión de legitimidad de la violencia, pero pasa también por acabar con la impunidad de que se ha beneficiado ese entorno y uno de cuyos efectos ha sido que gran parte de la población interiorizara como normal, o al menos inevitable, la ofensiva exhibición de símbolos y propaganda de ETA.

Aunque en las últimas semanas del anterior Gobierno ya se produjeron retiradas de ese material por la Ertzaintza, el Gobierno de López lo ha convertido en un eje de su política de deslegitimación, a la vez que ha extremado la diligencia en la prohibición gubernativa de manifestaciones en las que se consideraba probable la vulneración del orden o el enaltecimiento de ETA. Acabar con esa impunidad es un empeño con grandes dificultades, pero necesario: alguna vez había que empezar. Merece por ello el apoyo de todos los demócratas, y no las dificultades que ha opuesto el nacionalismo.

La deslegitimación del entorno de ETA es una responsabilidad sobre todo del nacionalismo, sostenía Imaz. Pero la novedad es que quien ahora ocupa Ajuria Enea no ha esperado a contar con la aprobación del PNV para tomar iniciativas contra ese entorno: como hicieron en su momento PSOE y PP al plantear la ilegalización de Batasuna pese a la oposición nacionalista. Y hay síntomas de que, a posteriori, una parte al menos del mundo nacionalista no ve mal la sentencia de Estrasburgo avalando esa ilegalización, y ve bien que el nuevo Gobierno intente acabar con la ocupación impune de la calle por los violentos.