La inversión pública para rehabilitar barrios supera los mil millones

El 30% de las zonas reformadas son polígonos construidos en los años sesenta

El Gobierno catalán y los ayuntamientos han destinado ya más de 1.000 millones de euros en la rehabilitación de 117 barrios degradados de toda Cataluña. Alrededor de 100 pueblos y ciudades se han beneficiado de estas ayudas para la mejora integral de cascos antiguos y polígonos residenciales desde que en 2004 se abriera la primera convocatoria para presentar proyectos. De los 13 programas que arrancaron ese año, de momento sólo el de Terrassa ha concluido por completo, aunque otros dos están a punto de hacerlo.

La ley de barrios fue la primera que se aprobó tras formarse el primer Gobierno tripartito. Para el Ejecutivo era, y es, todo un símbolo. El ex presidente Pasqual Maragall había anunciado en el Colegio de Arquitectos antes de las elecciones de 2003 su compromiso de rehabilitar al menos 40 barrios donde se concentraba la tensión social. Se trataba de impedir que estas zonas, que concentraban unas 400.000 personas, retrocedieran hasta el punto en el que se hallaban 20 años atrás.

Francia destinó 50 millones a rehabilitación tras los disturbios de 2005

Seis años después, esta norma es la que más consenso ha hallado entre los partidos políticos. Las primeras convocatorias se centraron en los barrios con mayor riesgo de fractura social y en los que era necesaria una intervención para coser el urbanismo improvisado de la década de 1970. No es casual, por ejemplo, que se eligiera el Distrito II de Terrassa, que engloba el barrio de Ca n'Anglada, una zona a la que hacía años que no se asomaban las grúas y en la que en 1999 estalló un polvorín de disturbios racistas. Justo antes de que arrancara la recesión, la inversión privada apostó por esta zona, que se convirtió en la segunda de la ciudad con más actividad inmobiliaria.

Muchos de estos barrios degradados concentraban la población inmigrante. Es el caso de Collblanc-La Torrassa, donde residía el 22% del colectivo foráneo de L'Hospitalet. Y, de hecho, la ley de barrios ha permitido detectar situaciones de infravivienda que ahora deberán ser corregidas por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda en multitud de estos barrios: desde casos de chabolismo hasta los conocidos pisos patera.

Pero el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas también puso énfasis en barrios creados de forma espontánea a causa de la autoconstrucción de viviendas de los años sesenta y setenta. Por ejemplo, Roquetes, en Barcelona, un área de cuestas empinadas necesitada de ascensores (443 de los 449 edificios de la zona no tenían elevador), mejoras en los servicios de los inmuebles (gas, luz y agua), equipamientos y medidas para salvar los desniveles, como ascensores o escaleras mecánicas.

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Las cinco primeras convocatorias sumaron 990 millones de euros de inversión pública, la mitad a cuenta de la Generalitat y la otra mitad a cargo de los ayuntamientos. La sexta tanda ha supuesto una inyección de 167 millones más, por lo que la inversión va a alcanzar pronto los 1.157 millones. La suma es cuantiosa, sobre todo en comparación con otros programas similares. En 2005 se puso en marcha la rehabilitación de varios barrios en Francia tras la ola de disturbios y violencia. Para ello se movilizaron 50 millones de euros.

Cerca de la mitad de los barrios beneficiados hasta ahora son cascos antiguos, el 30% son polígonos construidos en las décadas de 1960 y 1970, y el resto son zonas de urbanización marginal. Casi la mitad del capital se ha destinado a mejorar el espacio público, pero también a crear nuevos equipamientos, introducir nuevas tecnologías y realizar programas sociales.

La convocatoria de 2006 ha introducido varias novedades. Una de ellas es el contrato de barrio, del cual se ha beneficiado de momento sólo Terrassa. El Ayuntamiento ya ha ejecutado todo el presupuesto con el que contaba para el Distrito II, de 17 millones de euros. Empezó por lo más urgente: la implantación de programas sociales y económicos para integrar a la población inmigrante, y luego pasó al ladrillo, a la rehabilitación y al urbanismo. Con este contrato de continuación, la Generalitat sufragará ahora la mitad de la ampliación de un centro cívico y la creación de uno nuevo, y la remodelación de la zona del Mercadal.El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, explicó en el Parlament que el resto de los barrios de la primera convocatoria tienen un nivel de ejecución de cerca del 70%. Los más avanzados son los de Santa Caterina i Sant Pere (Barcelona) y Collblanc-La Torrassa (L'Hospitalet), cuya inversión está ya del todo comprometida. En cambio, las zonas beneficiadas de Balaguer, Manlleu y Manresa están entre el 30% y el 40% de ejecución. En la segunda convocatoria, el Poble Sec de Barcelona y los barrios del sur de Vic superan el 90% de la inversión prevista, mientras que los beneficiarios de la tercera tanda han ejecutado el 25% del presupuesto.

A medida que se fueron atendiendo los proyectos más urgentes, la inversión fue llegando a municipios cada vez más pequeños. De esta forma, en la última convocatoria han entrado por primera vez localidades de menos de 10.000 habitantes. Es el caso de Ulldecona, Sant Bartomeu del Grau o Juneda. En estos casos, la Generalitat aporta el 75% de la inversión.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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