Los ayuntamientos no están para fiestas

Tenía que ser de Pinto. Como si este pueblo madrileño tuviera pocos problemas, uno de sus vecinos tenía encima que ganar el Tour de Francia. El pasado domingo 26, la hazaña del ciclista Alberto Contador obligó a un ayuntamiento endeudado hasta las cejas a enviar una representación institucional a París para acompañar a su vecino más famoso. Allí estuvieron el alcalde, Juan José Martín (PSOE), y una concejal posando con Contador. "Éramos conscientes de que no era el momento de hacer un desembolso del Ayuntamiento", cuenta el alcalde. Decidieron pagárselo de su bolsillo. Les salió el fin de semana por unos 900 euros los dos.

Pero es que Pinto, una ciudad de 42.500 habitantes y un presupuesto de 66 millones de euros, no está para pagar fines de semana en París. Ni a sus 800 trabajadores, que cobran sus nóminas de milagro mes a mes, no renuevan sus contratos y se enfrentan a un plan de prejubilaciones a partir de los 60 años. Este año no se hará el viaje anual a la playa que el Ayuntamiento organizaba para unos 600 mayores del municipio. El presupuesto para las fiestas de Pinto se ha reducido de medio millón de euros a sólo 170.000. Se notará en el nivel de los conciertos y en que no habrá toros.

El alcalde de Pinto pagó de su bolsillo el viaje a París para felicitar a Contador

"Tenemos dificultades para hacer frente al gasto corriente y suministros básicos para la estructura", asegura Martín. "Con los impuestos no hacemos frente ni siquiera al pago de la nómina. La única forma de ahorrar es reducir los servicios". La deuda de Pinto con proveedores es de casi 40 millones de euros. Algunos están empezando a cobrar a 90 días.

Las quejas de Martín las firmaría casi cualquier alcalde de los más de 8.000 municipios. Muchos describen una situación límite en la que no se paga a proveedores de servicios básicos y se suscriben créditos bancarios uno tras otro para los gastos ineludibles. El ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) ya está en quiebra. No tenían ni para la luz.

El poder municipal, representado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), esperaba resolver su situación este año. El acuerdo para una nueva financiación autonómica parecía el marco perfecto para una nueva financiación local. El pasado 22 de julio, en una reunión con el vicepresidente Manuel Chaves, el Gobierno les comunicó que no habrá nuevo modelo hasta 2011. Chaves se comprometió a buscar "vías de ayuda" para compensar este retraso.

El jarro de agua fría cayó sobre el socialista Pedro Castro, alcalde de Getafe (164.000 habitantes) y presidente de la FEMP. "Queríamos negociar ya, aunque el dinero llegase en 2011. Porque si sé lo que voy a cobrar en esa fecha, puedo ir a un banco y hacer un plan de viabilidad económica". Castro asegura que "se han comprometido a que la negociación empiece en septiembre".

Mientras, los ayuntamientos siguen prestando esos servicios que llaman "impropios", porque corresponden a las comunidades autónomas aunque los pagan ellos. Por ejemplo, la educación es competencia autonómica, pero la vigilancia, la limpieza, el agua y la luz de los colegios los paga el ayuntamiento, explica Castro. Lo asumen porque la ciudadanía espera que lo hagan, simplemente, y reclaman financiación para poder seguir haciéndolo. En concreto, quieren un 30% del presupuesto de las autonomías. "Las comunidades piden a todo dios pero no dan ni a Cristo", clama Castro.

En esta situación, el año 2009 está siendo un goteo de noticias inquietantes sobre las haciendas locales. El pasado mayo, el interventor municipal de Calpe (Alicante) advirtió en un informe que el municipio está en riesgo de bancarrota. El 60% de los municipios andaluces tiene problemas para pagar las nóminas, según estimó en junio la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Los vecinos de Jerez de la Frontera, por ejemplo, este año tendrán menos conciertos de su festival veraniego Noches de Bohemia. Es de lo primero que se recorta, como en Pinto. Pero es lo de menos. "Lo pasamos muy mal en el pago de nóminas", dice la alcaldesa, Pilar Sánchez. Con un presupuesto de casi 300 millones de euros, están recortando personal, pagas de productividad, un 45% menos en gastos de protocolo, un 8% menos de media en los sueldos de la Corporación... "Hemos hecho ingeniería financiera para poder ahorrar", dice Sánchez. Y todo, sin dejar de dar de comer a familias sin ingresos o sin cerrar el geriátrico, que cuesta dos millones de euros al año.

La tentación de dejar de prestar esos servicios es grande. Castro ha pedido por escrito a los alcaldes de la FEMP que esta situación no repercuta en los vecinos. "Los ciudadanos no lo van a notar, porque los ayuntamientos van a sacar de donde no tienen. Les he dicho que hagan lo que deban, aunque deban lo que hagan". ¿Y si no lo hicieran? "Si no lo hiciéramos sería un conflicto social de primera magnitud".