Peligroso precedente

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, por dos votos a uno, decidió ayer archivar la causa que se seguía contra el presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y otros tres cargos públicos del PP imputados por un posible delito de cohecho. La resolución, que la fiscalía recurrirá ante el Supremo, avala una doctrina sorprendente, si no escandalosa: que las autoridades pueden aceptar regalos valorados en miles de euros (trajes, relojes, pulseras, bolsos) por parte de empresas que contratan con las administraciones donde gobiernan esos políticos, siempre y cuando los beneficiados no participen en los distintos procesos de adjudicación. En este caso, con un agravante: los autores de los regalos están siendo investigados por corrupción.

El artículo 426 del Código Penal sanciona la aceptación por autoridad o funcionario de regalos ofrecidos "en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido". El bien que se trata de proteger es el principio de imparcialidad de gobernantes y funcionarios, y la conducta sancionada es el hecho de "admitir" la dádiva, aunque no se haya solicitado. Lo que se trata de evitar es que esa aceptación condicione decisiones públicas. Resulta sorprendente que se considere que el precepto sólo se aplica al funcionario o político que directamente participa en la adjudicación, y no a sus jefes. Especialmente cuando lo que se consideran son decenas de contratos de la Administración valenciana a una misma empresa.

El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, ha declarado que recibió un reloj de alto valor de la trama, y que lo devolvió de inmediato. Algo que pudieron haber hecho pero no hicieron los imputados de Valencia. Se han limitado a negar que recibieran los regalos, o, en el caso de Camps, a decir que los pagaron (los famosos trajes) de su bolsillo. Pero la instrucción constató y el auto de ayer da por establecido que no hay prueba de tales pagos y sí, en cambio, de que los pagó el cabeza de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Los contratos conseguidos por la red de Correa y El Bigotes con la Administración regional coincidieron con el periodo en el que hicieron decenas de regalos a dirigentes políticos valencianos. Y la mayoría de esos contratos los consiguieron sin concurso; en algunos casos, tras trocearlos para que cada adjudicación no superara el límite (12.000 euros) que permite hacerlo a dedo. Esto figura en el sumario y no es cuestionado por el auto.

En esas condiciones, Mariano Rajoy debería reservar para mejor ocasión su euforia de ayer: "Ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila", dijo. A no ser que el líder del PP considere digno de euforia que el vestuario de uno de sus presidentes autonómicos esté financiado por los cabecillas de una presunta trama de corrupción, que la palabra de ese mismo presidente ante los ciudadanos y la justicia haya quedado desautorizada (el auto constata que los argumentos de Camps sobre el pago de los trajes no se sostienen) y que la Administración que dirige ese mismo líder regional recurra a prácticas más que dudosas para beneficiar a unas determinadas empresas.

Rajoy también acusó a quienes han denunciado las supuestas corruptelas, en relación a este periódico, de ser "la Inquisición". Sin embargo, la denuncia partió de un ex concejal del PP y cuatro de los seis jueces que han estudiado el asunto hallaron suficientes indicios de cohecho por parte de los dirigentes imputados. Pero ayer, los dos que constituían mayoría en la sala (uno de ellos, algo más que un amigo de Camps, según las palabras del propio presidente autonómico) opinaron de otra manera. El tercero, a través de un voto particular, cree que podría haber delito. El Supremo tiene ahora la última palabra.