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Editorial:

Municipios exhaustos

La salud financiera de los ayuntamientos es imprescindible para acabar con la corrupción

Las dificultades que rodearon la negociación del acuerdo de financiación autonómica han dejado en segundo plano la escasez presupuestaria a la que se enfrentan los ayuntamientos. No es un problema nuevo sino una de las más graves deficiencias que arrastra el sistema institucional español, agravada ahora por la crisis económica. La condición de cenicienta que han padecido los municipios durante las tres últimas décadas fue enmascarada a partir de 1998, fecha en la que se aprobó la ley que liberalizaba el suelo, por el maná de las recalificaciones. Los ayuntamientos hicieron virtud de la necesidad, y emplearon los recursos extraordinarios que procedían de la conversión de terreno rústico en urbano para financiar gastos corrientes y de nuevo personal. El fin de la burbuja inmobiliaria, y de unos fondos que parecían inagotables, ha supuesto el brusco despertar de una ensoñación.

Es justo reconocer que la mejora de la calidad de vida en España ha sido, en gran medida, resultado de las políticas municipales, que han asumido la construcción de infraestructuras y el establecimiento de nuevos servicios especialmente útiles a los ciudadanos por su proximidad. Pero existía otra cara de la moneda que no se quiso mirar de frente mientras duró la bonanza: las vías imaginativas para financiar las políticas municipales han estado en el origen de la multiplicación de los casos de corrupción, puesto que se convirtieron en instrumento para paliar otras deficiencias financieras además de las de los ayuntamientos, como la crónica insuficiencia de recursos que padecen los partidos políticos. En ese magma de actuaciones primero al margen de la ley, y después abiertamente ilegales y corruptas, ha prosperado una clase de intermediarios y logreros que ha cerrado el círculo que empezó a desmoronarse desde el inicio de la crisis económica.

El Gobierno ha pospuesto hasta 2011 la discusión de un acuerdo de financiación municipal, comprometiéndose a aportar hasta entonces recursos extraordinarios a través sobre todo del Fondo Municipal de Inversiones. No es la mejor solución aun tratándose, tal vez, de la única posible en estos momentos. Así como no era de recibo una competencia desleal entre autonomías, tampoco se puede aceptar una pugna semejante entre Administraciones. Los ayuntamientos son también parte del Estado, y su salud financiera es una responsabilidad que comparten con el Gobierno central y las autonomías, según establece la Constitución. El Partido Popular ha convocado una manifestación de alcaldes en Madrid para denunciar la situación que atraviesan los ayuntamientos. Una vez más, pretende resolver problemas institucionales con iniciativas fuera de las instituciones. Es mucho lo que está en juego como para frivolizar con espectáculos: si los ayuntamientos siguen siendo la cenicienta del sistema institucional, la calidad de vida de los ciudadanos sufrirá un grave deterioro. Y una de las raíces más importantes de la corrupción seguirá intacta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de agosto de 2009