El tribunal de cuentas valenciano detectó anomalías en la adjudicación de Fitur

Diez de las 14 consejerías de Francisco Camps contrataron con la rama valenciana de la red empresarial dirigida por Francisco Correa. De hecho, por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) han desfilado para declarar 35 altos cargos nombrados por el presidente del Gobierno valenciano, imputado por cohecho impropio por aceptar trajes regalados por la red de Correa.

Sin embargo, de los más de 7 millones de euros captados de la administración valenciana por Álvaro Pérez, El Bigotes, a través de Orange Market (la filial valenciana de la trama), la inmensa mayoría, más de 5,5 millones de euros, proviene de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).

Ya en 2005, Orange Market ganó el concurso por 1,32 millones de euros para instalar el pabellón de Fitur cuando la consejera de Turismo era Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes, y su jefe de gabinete era Rafael Betoret, imputado junto a Camps, Ricardo Costa, secretario general del PP, y Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat. Ahí comenzó el despegue de Orange Market, que también instaló los pabellones de 2006 y 2007, ambos bajo responsabilidad de Martínez, y de 2008 y 2009, ya con Angélica Such como consejera, tras el paso de su antecesora a la presidencia de las Cortes.

También ha trascendido, entre otras irregularidades, que en 2005 Orange Market facturó, además del pabellón del Fitur, otros 140.000 euros por un almuerzo para el Ejecutivo valenciano el Día de la Comunidad. A esa comida asistieron 800 personas; El Bigotes cobró el menú a 200 euros el cubierto.

Estas adjudicaciones no sólo han sido cuestionadas por la oposición. Hasta la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas valenciano) ha expuesto sus críticas. El informe de 2006 de ese órgano fiscalizador revela varias irregularidades en los contratos de Turismo con Orange Market, como adjudicar el pabellón de Fitur en un único contrato. "Al existir en este tipo de contratos prestaciones de servicios de distinta índole derivadas unas del arrendamiento de bienes (suministro) y otras del diseño, montaje y desmontaje de los mismos (servicio), cada una de ellas debe estar definida con independencia de las demás", argumentó ese organismo.

Asimismo, se destacan irregularidades en la tramitación de los expedientes, que deben contar con un informe de propuesta del servicio que pretende la contratación (iniciación del expediente) y otro de la presidenta de la agencia (resolución). Pero la Agencia Valenciana de Turismo resume en un único acto los dos documentos exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). Además, en una durísima crítica, la sindicatura señala que "la fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía", porque la valoración de la oferta "no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100).

Como los informes de la Sindicatura no son exhaustivos, ya que hace un muestreo sólo de parte de los contratos de cada organismo auditado, en informes de otros años se repiten las críticas a la AVT sin hacer referencia expresa a los contratos con Orange Market. Una empresa que, por otra parte, ha incumplido, al menos durante tres comicios, su obligación de declarar ante la sindicatura los contratos facturados por gastos electorales con el PP.

Suchs se ha negado reiteradamente a facilitar los contratos de su departamento con la empresa investigada. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, han derribado todas las iniciativas que pretendían dar luz a los expedientes. La respuesta ha sido muchas veces la misma: Orange Market es una persona jurídica no relevante.