La comisión británica que investiga la guerra iraquí llamará a declarar a Blair
Las comparecencias de los testigos serán "mayoritariamente" en público
El ex primer ministro Tony Blair será llamado a declarar ante la comisión que desde ayer investiga la participación de Reino Unido en la guerra de Irak. Así lo confirmó el alto funcionario sir John Chilcot, presidente de la comisión de cinco notables encargada de las investigaciones. Chilcot confirmó también que ha decidido que la mayoría de las declaraciones de los testigos sean públicas, pero se guardó en la manga todos los ases para decidir todos los puntos contenciosos, desde en qué casos esas declaraciones serán en privado o si se hará público o no un primer informe de etapa sobre las investigaciones antes de las próximas elecciones generales.
Chilcot ha acumulado un enorme poder debido a la torpeza del primer ministro, Gordon Brown, que puso en marcha la comisión investigadora sin pactar antes su formato con la oposición. Brown aceptó que la comisión sea independiente e investigue tanto los prolegómenos de la guerra como la campaña militar y la posguerra, en un periodo que arranca con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y acaba con el fin de la misión británica en Irak, al acabar hoy el mes de julio de 2009.
No habrá interrogatorios ni testimonios bajo juramento
Pero su decisión inicial de que las declaraciones de los testigos fueran a puerta cerrada levantó tal oleada de críticas desde la derecha y desde la izquierda que el primer ministro se vio obligado a admitir que sea sir John Chilcot quien decida cuándo serán públicas y cuándo privadas. El alto funcionario anunció ayer, en una rueda de prensa que coincide con el inicio de los trabajos de la comisión, que sus trabajos serán "lo más abiertos posible" para conseguir la confianza de la opinión pública en la investigación.
Las declaraciones públicas podrán ser televisadas y habrá una página en Internet dedicada a la investigación donde se publicarán las transcripciones de las declaraciones que no se consideren secretas. Éstas lo serán por cuestiones de seguridad o para "asegurar la total sinceridad y franqueza" de los testigos, una manera de guardarse para sí mismo la última palabra sobre qué declaraciones serán públicas y cuáles secretas.
La comisión la completan los historiadores sir Lawrence Freedman y sir Martin Gilbert, el diplomático sir Roderic Lyne y la jurista lady Prashar, presidenta de la comisión de nombramientos judiciales. Chilcot no quiso precisar si alguno de ellos se había opuesto a la guerra de Irak pero quiso garantizar la ecuanimidad de sus miembros enfatizando varias veces su compromiso de ser "concienzudos, rigurosos, justos y francos" en su trabajo.
Subrayó también que no se trata de una investigación judicial. No habrá interrogatorios a través de abogados ni declaraciones bajo juramento, pero se exigirá a los testigos "un compromiso de que lo que van a decir será verdadero, justo y preciso". Aunque la mentira no constituirá perjurio, Chilcot cree que quien mienta acabará desprestigiado si esa mentira se descubre.
No quiso adelantar una lista de posibles comparecencias aunque confirmó que el entonces primer ministro, Tony Blair, será llamado a declarar. Chilcot no especificó si también Brown u otros miembros del Gobierno serán citados pero descartó la comparecencia de políticos de otros países.
La comisión ha pedido ya numerosos documentos al Gobierno y no empezará a pedir la comparecencia de testigos hasta finales del próximo otoño. Chilcot estima que los trabajos durarán más de un año y medio, aunque fijó 2011 como una posible fecha tope.
También dejó la puerta abierta a la publicación de un primer informe de etapa antes de las próximas elecciones, previstas para mayo o junio del año que viene. Pero ese resquicio es muy pequeño: "Lo más probable es que, dado el propósito de esta investigación -identificar lecciones sobre cómo ha de tomar decisiones el Gobierno en el futuro-, nuestro informe sea uno solo al final de las deliberaciones del comité".
No será la comisión, sino el Parlamento apoyándose en ese informe, el que decida qué recomendaciones ha de elevar al Gobierno para que tenga en cuenta la experiencia de Irak.
