Una idea de Estado

La última estación antes de alcanzar el acuerdo que acabará plasmado en la enésima ley orgánica sobre financiación de las Comunidades Autónomas ha sido digna del trayecto recorrido por aquel compromiso de reforma constitucional contraído por el candidato a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate de investidura de 15 de abril de 2004. Anunció entonces el comienzo de un tiempo nuevo en el que las Comunidades Autónomas entrarían, con su nombre, en el texto de la Constitución, y el Senado se convertiría en auténtica Cámara de representación territorial. Lo que quedó abierto e indeterminado en 1978 quedaría integrado y configurado antes de 2008.

Cinco años después del anuncio de tan bellos propósitos, el presidn bellos propósitos, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, dice que el presidente del Gobierno le llamó por teléfono -todo un detalle- para comunicarle una buena nueva con el encargo de transmitirla a su compañero de partido y diputado del Congreso, Joan Ridao: que no se preocuparan por los 370 millones que Esquerra exigía sobre lo acordado con la Generalitat para garantizar el voto afirmativo de sus tres diputados en el debate de los presupuestos generales y estabilizar de paso el tripartito en Cataluña. Le encargó, además, que dijera a su compañero que el camino había quedado expedito porque el gran obstáculo -Pedro Solbes- ya había sido removido.

Si esto fuera cierto en los términos en que el interesado ha contado, exultante, la llamada del presidente y ministro universal del Gobierno de España, habría que conjeturar que aquel Estado que iba a entrar en un tiempo nuevo hace cinco años se ha convertido en una colección de cromos que el Gobierno cambia por otros -en definitiva, dinero por apoyo parlamentario- cuando la ocasión lo requiere. Ésta sería, pues, la idea de Estado que tienen en la cabeza sus responsables cada vez que entran en la ronda de financiación: un Estado que va transfiriendo recursos, y acumulando deuda, a medida que los pactos para garantizar sus apoyos parlamentarios lo requiere. Fue la razón de la subida desde el 15 al 30% de la recaudación del IRPF en el primer Gobierno de Aznar y es la del 33 al 50% en la de este segundo Gobierno de Zapatero.

No se trata de que esté mal, ni bien, la acordada o cualquier otra distribución de recursos; de lo que se trata es de que el motivo del acuerdo no guarda ninguna relación con una idea de Estado del que las Comunidades Autónomas son como partes o fragmentos; que las decisiones sobre la futura configuración y las atribuciones del Estado, dependientes en gran medida de la distribución de sus recursos, se toman por meros motivos coyunturales, sin saber hacia qué horizonte se camina. Y así, cada parte está obligada a actuar como si fuera un todo en relación con el otro todo, que va camino de ser nada, al que llamamos Estado. Esquerra -declara Puigcercós- puso muy alto el listón para comprobar hasta dónde podía saltar el Estado y se llevó la sorpresa de su vida al ver que el Estado saltaba por encima de lo previsto. Radiante, Puigcercós anunciaba que, no ya Esquerra, sino Cataluña había echado un pulso al Estado y había ganado.

¿Es esta una manera seria, responsable, de llegar a acuerdos que afectan al conjunto del Estado, o hay en todo este procedimiento, opaco en su desarrollo y con ansiosas llamadas telefónicas en su final, una alegre galopada hacia la conformación de un sistema en el que cada una de las Comunidades acabará por agotar las razones que las mantienen dentro del mismo Estado? El espectáculo al que acabamos de asistir prueba bien, si falta hacía, que la financiación de las comunidades autónomas tendría que discutirse al margen de apoyos parlamentarios, objetivarse en fórmulas acordadas por todas ellas con el Estado y garantizarse por instituciones situadas al abrigo de las exigencias del pacto nuestro de cada día.

Pero en lugar de emprender ese camino, avanzamos a buen paso en dirección contraria, impulsados por la fuerza que el bilateralismo en las relaciones de los gobiernos del Estado con los gobiernos de las Comunidades Autónomas favorece sin el contrapeso de instituciones de naturaleza federal. Sería menester que alguien alumbrara al fin una idea de Estado y que procediera en consecuencia, pero eso, que parecía tan claro y tan a la mano un día de abril de 2004, ahora, en los tiempos que corren, con el Gobierno necesitado de apoyos parlamentarios y con el Tribunal Constitucional sin encontrar la salida de su propio laberinto, es como pedir peras al olmo.