Varapalo legal a Camps

Con premeditación y alevosía, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, planteó al inicio del curso que acaba de terminar un pulso al Gobierno de Rodríguez Zapatero sobre la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, tomando para ello como rehenes a los usuarios del sistema público valenciano de enseñanza. Ahora acaba de perder ese pulso en los tribunales, que han dictaminado que su Gobierno no puede imponer que esa materia, cuestionada y denostada por el PP, se imparta obligatoriamente en inglés, incluso con un traductor del profesor en el aula.

Camps ya había perdido hace meses ese mismo pulso en la calle y en las aulas. La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, que integra a directores de instituto e inspectores de enseñanza, reunió el pasado 29 de noviembre a más de 40.000 personas en Valencia contra esta decisión tan arbitraria, en una de las manifestaciones más masivas de los últimos años. Tras esa demostración de fuerza, el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, suspendió la aplicación de la orden y abrió una negociación que no condujo a nada. Al contrario, desembocó en una huelga general de la enseñanza pública que vació las aulas el último 28 de abril. Pese a ello, el Consell había insistido durante estos últimos días con su voluntad de aplicar de nuevo su absurda ocurrencia el curso próximo.

La tozudez de Camps en este asunto es un epítome de una manera de estar en política que ha puesto a los populares valencianos en las primeras páginas del esperpento nacional. La instrumentalización del poder institucional para ejecutar maniobras de combate claramente ideológico, con una prepotencia asombrosa y un enorme desprecio para los ciudadanos, se ha convertido en una costumbre en la trayectoria del PP valenciano, inmerso en una deriva de escándalos que se apoyan en una sensación de impunidad tan alarmante como demoledora.

Es dudoso que Camps y los suyos aprendan las lecciones del episodio de la Ciudadanía en inglés: que las reglas de juego democrático y del Estado de derecho acaban atajando, tarde o temprano, los abusos sectarios y partidistas. Algo preocupante ocurre, sin embargo, cuando una fuerza política, o al menos una buena parte de sus dirigentes, se muestra convencida de que puede ejercer el poder sin atender, ya no a la prudencia, sino al sentido común más evidente.