Cortesía procesal

El senador y tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declaró ayer en calidad de "imputado provisional", una extraña y alegal figura procesal que el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo se ha inventado para ajustar la práctica judicial a la ley. Pues lo que dice la norma -la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002- no deja de ser un tanto incoherente: otorga a diputados y senadores la posibilidad de declarar voluntariamente en ejercicio de su derecho de defensa "cuando se les impute un acto punible", pero "sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución", es decir, de la preceptiva autorización de las Cámaras para su inculpación y procesamiento.

La reforma, pues, desconoce la figura del "imputado provisional" y de hecho atribuye al declarante voluntario la condición de imputado a secas, aunque está claro que no puede tenerla sin autorización del Congreso o del Senado. De ahí el invento de esta figura contradictoria en sus propios términos y que supone situar al afectado en una especie de limbo procesal. Cabría deducir, pues, que esa declaración voluntaria y adelantada tiene todos los visos de ser un acto de cortesía y deferencia procesal que se ofrece a diputados y senadores con problemas con la justicia, pero que no puede ni debe sustituir su comparecencia como imputados en toda regla y con todas las garantías una vez solicitado y concedido el correspondiente suplicatorio.

La declaración, ayer, de Bárcenas se ha producido ante la instancia judicial competente, pero no se alcanza a ver qué efectos puede tener, salvo haber dado oportunidad al declarante de adelantar una explicación al juez sobre el acto punible que se le imputa. Porque lo que parece claro, a pesar de la situación procesalmente confusa y equívoca creada por la reforma de 2002, es que ni el juez ni el ministerio público pueden a partir de la declaración tomar medidas, o solicitarlas, que afecten a un senador o diputado sin la previa autorización de las Cámaras.

En lo que respecta, pues, a Bárcenas y al diputado Jesús Merino, que declara hoy también como "imputado provisional", el proceso entra de aquí a septiembre en un periodo de espera e indefinición que, a falta de decisiones judiciales, sigue sirviendo de coartada al PP para persistir en una estrategia que combina el quietismo respecto a sus militantes y dirigentes implicados con el ventilador en todas direcciones en cuanto a buscar culpabilizaciones ajenas. Bárcenas ha hecho su declaración voluntaria con conocimiento de los indicios de cohecho y fraude fiscal que se le imputan, pues, de lo contrario, no podría haber aportado las pruebas que dice haber presentado para desmontarlos y probar su inocencia. No ha habido, pues, indefensión ni desconocimiento de los hechos, como el PP se empeña en propalar no sólo respecto a Bárcenas sino al resto de cargos del partido implicados en las diversas variantes del caso Gürtel. Los autos judiciales hechos públicos en el proceso son suficientemente claros tanto sobre los hechos como los indicios delictivos atribuidos a los imputados.