LAB pide investigar si la Hacienda actual prevaricó en el 'caso Bravo'

El sindicato LAB anunció ayer que pedirá a la Fiscalía de Guipúzcoa que investigue si los actuales responsables de la Diputación pudieron incurrir en un delito de prevaricación en el caso Bravo. Responsables de esta central aseguraron que altos cargos de la Hacienda estaban al corriente de los hechos desde hace un año y no actuaron contra los presuntos implicados en el fraude de la empresa catalana Glass Costa Este Salou, denunciados ahora por la Fiscalía por varios delitos.

El vicesecretario de LAB, Xabier Garnika, y los dirigentes Joxean Urkiola y Txomin Lorca informaron de que en julio de 2008 solicitaron a la Diputación que abriera un expediente contra el ex director de la Hacienda Víctor Bravo y el funcionario Rufino Eizaguirre, ambos imputados en este caso. La petición estaba basada, según LAB, en que Bravo y Eizaguirre estaban incumpliendo la ley de Función Pública por estar relacionados con negocios privados.

Urkiola señaló que en febrero de 2008 el sindicato puso las posibles irregularidades de Eizaguirre y Bravo -funcionario en excedencia desde su dimisión como senador del PNV en mayo de 2007- en conocimiento de la comisión de investigación de las Juntas que analizó el fraude de la Hacienda de Irún. Y se preguntó por qué, a la vista de los informes remitidos, el actual gobierno foral no actuó contra estos dos funcionarios. La Hacienda guipuzcoana ya se encontraban en esas fechas llevando a cabo diligencias relacionadas con el fraude de Glass Costa Este Salou. Urkiola rehusó culpar a la actual Diputación de proteger a Bravo y Eizaguirre. Pero si la Diputación no atiende la petición de abrirles expediente, LAB recurrirá ante el contencioso-administrativo, advirtieron.

El sindicato también solicitará al fiscal que investigue todas las empresas relacionadas con estas dos personas y, "especialmente", a la asesoría Alt Norte (ahora Cialt Asesores), en cuyo domicilio fijó de forma ficticia su sede fiscal la compañía Glass Costa Este Salou para dejar de pagar sus impuestos a la Agencia Tributaria. La Fiscalía denuncia a esta sociedad por causar unos perjuicios económicos por valor de 2,15 millones de euros.

Los representantes de LAB acusaron a Cialt de actuar como "una hacienda dentro de la Hacienda foral" para "propiciar técnicas de ingeniería fiscal e influir en las decisiones administrativas". También juzgaron "sospechoso" que esta asesoría tenga una delegación en Rumania.