Barcelona, años a vueltas con la prostitución

La ordenanza de civismo de Barcelona que se aprobó hace cuatro años prohíbe ejercer la prostitución en la calle en determinadas circunstancias. Básicamente son dos: cuando se produce una monopolización del espacio público que evita cualquier otra actividad e impida el tráfico y cuando se ejerce a menos de 200 metros de centros educativos. Las sanciones se dirigen tanto al cliente como a la persona que ofrece el servicio. El detonante de la ordenanza fue precisamente la expansión de la prostitución callejera a zonas donde había colegios y mucha actividad comercial, sobre todo en una zona de Eixample. Los residentes y comerciantes argumentaban que el espectáculo resultaba escandaloso a la salida de los colegios y, además, espantaba a los clientes de los comercios que se veían abordados por las chicas.

Tanto el debate como la aplicación de la ordenanza ha resultado controvertida y tiene la particularidad de no contentar ni a las voces que pedían la prohibición ni a las mujeres que ejercen la prostitución. A éstas porque se sienten especialmente perseguidas por la policía municipal y argumentan que se están más seguras contactando en la calle con los clientes que en locales. Y a las voces más beligerantes porque afirman que el fenómeno no se ha erradicado. Lo cierto es que la prostitución callejera sigue existiendo con cierta disminución en una de las zonas y que fluctúa en función de la presión que ejerce la Guardia Urbana, por un lado, y de las ocasionales redadas que hace la policía contra las redes de proxenetas. En la práctica muchas veces es el juego del ratón y el gato. Con cifras en la mano, el año pasado el ayuntamiento barcelonés impuso 2.937 sanciones por ejercer la prostitución en la vía pública, de las que 874 recayeron en clientes. El importe de la multa oscila entre 120 y 750 euros.