Medio Ambiente advirtió cuatro veces de la ilegalidad de los 200 chalés de Derio

El Departamento de Medio Ambiente advirtió hasta en cuatro ocasiones entre junio de 2007 y mayo de 2008 a los promotores de casi 200 viviendas en Derio de que antes de ejecutar el proyecto debían delimitar las parcelas contaminadas existentes. Pero los constructores no cumplieron las exigencias de la consejería y más de un centenar de chalés están ahora en una fase avanzada de construcción y varias decenas casi concluidos.

El Ayuntamiento de Derio, que ha dado las licencias de obras, sostiene que la ley de Prevención de Contaminación del Suelo, en vigor desde mayo de 2005, no afecta a toda la promoción urbanística, sino sólo a las zonas presuntamente contaminadas, que limita a 20.000 de las 124.000 metros cuadrados del solar. Sin embargo, Medio Ambiente, el departamento que vela por el cumplimiento de esa normativa, es categórico y, entre otras medidas, obliga a delimitar la contaminación en el solar antes de cualquier intervención edificatoria.

Las obras, ya en su fase final, empezaron en 2007 sin permiso del departamento

El expediente sobre este caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata lo ocurrido en este proyecto urbanístico, que se remonta a 2005, cuando fue aprobado por la Diputación. Al existir una zona potencialmente contaminada, según refleja el inventario del Gobierno vasco, la promotora de la mayoría de las viviendas, Arco Atlántico, presentó en 2007 un plan de excavación, como exige la ley de prevención de la contaminación. La sociedad pública ambiental Ihobe, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, lo rechazó en junio de 2007 por carencias en la información, la falta de un estudio sobre la afección en aguas subterráneas o el incompleto análisis de riesgos para la salud humana. "Además de las importantes carencias detectadas, hay que tener en cuenta que el proyecto constructivo pretende realizar parte de una promoción de viviendas unifamiliares con jardín sobre un vertedero en el que hay presencia de residuos peligrosos", señala, y añade la obligatoriedad de delimitar el área contaminada.

En diciembre de 2007, tras la respuesta de los promotores -que ya ha habían iniciado las obras en el solar sin la autorización del Gobierno-, es la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno la que vuelve a calificar de incompleta la petición de los constructores. "La documentación presentada no añade ninguna información que permita solventar las carencias o errores detectados [en el informe de Ihobe]". Calidad Ambiental reitera que se debe precisar con exactitud el área contaminada y realizar un plan de excavación y certificar la calidad del suelo, como exige la ley en áreas contaminadas.

Tras otra respuesta de los promotores, llega la tercera advertencia de Medio Ambiente, el 16 de enero de 2008, esta vez por el entonces viceconsejero Ibon Galarraga, quien insta a identificar la zona afectada por la contaminación. Galarraga vuelve a comunicar el 14 de mayo a los promotores de que parten de la premisa "errónea" de que el área de vertido ha sido ya delimitada, por lo que reitera que se determine "tanto en superficie como en profundidad la masa de vertido y del terreno afectado por el mismo". Agrega que cualquier retirada de los residuos requiere un sellado de la zona con su correspondiente proyecto, "que deberá presentarse" a Medio Ambiente.

Ninguna de estas exigencias se han cumplido hasta ahora, pero las obras prosiguen. El proyecto carece así del certificado de calidad del suelo que exige la ley de prevención de contaminación, que, en su defecto, considera "nulas de pleno derecho" las licencias concedidas. El alcalde de Derio, Lander Aiarza (PNV), y funcionarios municipales sostienen que "no hay riesgo para la salud" y que el suelo "no está declarado contaminado". El consistorio entregó a este diario un documento remitido en marzo pasado por el representante de los promotores de la urbanización donde señala que, tras la petición tramitada en 2007, no ha recibido la declaración de calidad del suelo y que, al no haber habido una resolución en seis meses, ha "continuado y finalizado las actuaciones de ejecución urbanística". El escrito no hace ninguna mención a las cuatro advertencias de Medio Ambiente de que no se puede seguir adelante con la promoción.