La Dependencia fracasa en manos de los evaluadores del Consell

Los evaluadores son uno de los pilares sobre los que descansa la aplicación de la Ley de Dependencia. Y uno de los principales blancos de las críticas de usuarios y profesionales sobre la gestión de estas ayudas en la Comunidad Valenciana. Si esta ley no funciona -como reflejan distintos estudios-, buena parte de la culpa está en el diseño elegido por la Generalitat de ceder el peso del desarrollo de ley a una empresa pública, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, (Avapsa) y el arbitrario proceso de selección de sus trabajadores, que la parlamentaria de Esquerra Unida, Glòria Marcos, califica abiertamente de "clientelista".

Sobre los evaluadores (o baremadores) recae una importante responsabilidad. Ellos son los profesionales encargados de determinar si las personas que solicitan ayudas (económicas, domiciliarias, residenciales, asistentes personales...) realmente no pueden valerse por sí mismos y cuál es su nivel de dificultad a la hora de desenvolverse en las tareas más básicas del día a día.

La Generalitat decidió prescindir de la red de servicios sociales

Glòria MArcos apunta a una contratación de afines al PP

Para esta compleja labor, la Generalitat valenciana, a través de Avapsa, prescindió de los funcionarios de servicios sociales, que están en contacto con los posibles beneficiarios y conocen al detalle la situación de la mayoría de ellos. Y organizó un proceso de selección a cuyas condiciones ha tenido acceso este diario.

En noviembre de 2006, el director general de Avapsa, David Salvador, y el director de gestión, Jorge Peña, se reunieron para fijar los requisitos de debían cumplir los candidatos a las 20 ofertadas en cada una de estas fechas.

El puesto recibe el nombre de "agente de desarrollo social", y en los documentos se establecen tres criterios de puntuación. El de más peso (con 8 puntos) consiste en haber asistido a un "curso de valoración de personas en situación de dependencia".

Esto sucedió el 13 de noviembre de 2006. Ese mismo día, S. A. A. se presentó en el Servef a pedir trabajo. En la entrevista en la oficina de empleo cita ser agente de desarrollo social, a pesar de no haber desempeñado trabajo relacionado con estapeculiar ocupación, como reflejan los archivos del Servef a los que ha accedido este diario. Pero aún llama más la atención otra cuestión. En la ficha de esta persona figura en primer lugar entre los datos de formación haber asistido al curso Especialista Universitario en Valoración de las Personas en Situación de Dependencia, impartido en la Universidad Politécnica de Valencia, de 220 horas de duración y cuya fecha de finalización es, otra vez, el mismo 13 de noviembre de 2006. El mismo día que se fijaron las condiciones de contratación por parte de Avapsa, que S. A. A. acudió al Servef a decir que era agente de desarrollo social y la misma fecha en la que acabó el curso que abría las puertas al trabajo.

Parecen muchas coincidencias. Pero aún hay más. Esa misma catarata de casualidades se repiten en otros demandantes de empleo que fueron contratados en la selección laboral que hizo Avapsa para sus valoradores. Lo mismo sucede, como reflejan los archivos del Servef, con otros demandantes contratados. Es el caso de C. E. G.; P. B. R.; D. B. J.; T. D. F. T.; J. G. R. o J. E. F. C., entre otros. Hay casos en los que la visita a las dependencias de empleo se dió el 14 de noviembre, un días después.

"Es todo muy curioso", comenta Glòria Marcos. La diputada denuncia cómo en este proceso de selección de personal se han esquivado los principios de acceso al empleo público basados en la publicidad, el mérito y la capacidad y haber montado "un cursillo en la Universidad Politécnica del que casi nadie sabe de su existencia" que ha servido de acceso al empleo.

"Me parece muy grave que se vulneren de esta forma los principios de igualdad al acceso de puestos de trabajo". La ex responsable de la coalición de izquierdas incluso va más lejos y apunta que todo este procedimiento se ha dirigido con un fin concreto: "Se trata de un uso fraudulento de recursos públicos para contratar a familiares de personas del PP".

El problema no sólo se limita a este proceso de contratación, sino a sus resultados. Beneficiarios de la ley de Dependencia y familiares han denunciado problemas relacionados con los valoradores, con episodios de baremación a la baja y falta de experiencia, desde que arrancara el desarrollo de la ley. Un ejemplo de ello es Araceli, una vecina de Valencia. Pese al reconocimiento de un grado de minusvalía del 86% expedido en 2004 por parte de la Consejería de Bienestar Social, la baremación correspondiente, el reconocmiento de grado y nivel de Dependencia por parte de los valoradores, que se le remitió a finales del año pasado, no alcanzaba los niveles que daban acceso a las ayudas.

Con todo, las quejas no se limitan sólo a este aspecto. En el centro de la polémica está el andamiaje montado por la Generalitat para evitar que los servicios sociales de base llevaran el peso de la puesta en marcha de la ley y que se ha traducido en un proceso administrativo complejo, incómodo y, sobre todo, lento.

Ello se debe a dos aspectos fundamentales. Por un lado, está la creación de Avapsa. Esta empresa pública se levantó para sacar adelante la Dependencia a pesar de que, al tratarse de una norma sujeta a la ley de procedimiento administrativo, todas las decisiones de Avapsa necesitan el aval de la Consejería de Bienestar Social para que las avale y le de cobertura legal. Esto implica un contínuo trasiego de documentación entre las oficinas de Avapsa y las de Bienestar Social, lo que explica las denuncias de pérdidas de expedientes de dependientes. Pero además, Avapsa ha cambiado tres veces de sede, con el consiguente nuevo riesgo de extravío de documentación. Aunque, como apunta una trabajadora social que prefiere no ser identificada, lo malo no es sólo eso, sino la pérdida de tiempo que implica tanta ida y vuelta de archivos.

Para aplicar la ley también se han reforzado con personal los ayuntamientos. Pero, de nuevo, se ha recurrido a la misma práctica. Se ha creado una red paralela de trabajadores sociales que han tenido que partir de cero, dedicados exclusivamente a gestionar la ley, marginando a los funcionarios que ya se dedicaban a la atención de estas personas.

A ello se suman las estrecheces presupuestarias, que también han ralentizado el proceso y ha paralizado expedientes meses hasta contar con fondos.

"Todo forma parte del boicot de la ley impulsado por la Generalit. En el fondo, el Consell no quiere aplicar la Dependencia, de ahí todoas estos impedimentos, a los que se unen problemas económicos", comenta Gòria Marcos.