La Junta negocia contrarreloj mejorar la financiación

Todo el equipo de la Consejería de Economía y Hacienda, con la consejera Carmen Martínez Aguayo al frente, esperó ayer sin éxito a que el Ministerio de Economía enviara las cantidades definitivas del nuevo modelo de financiación autonómica, en la que hubo múltiples conversaciones telefónicas con el Gobierno central. Cada información que llevaba vía Cataluña -a través de los medios de comunicación y de las ediciones digitales de los periódicos catalanes- de una petición al alza para las arcas de la Generalitat se encendía una luz de alarma en Torre Triana, sede de la consejería. La Junta intentaba contrarreloj, según fuentes de la consejería, ampliar la horquilla del fondo adicional que está dispuesto a poner el Gobierno central, el cual oscila entre los 9.000 y los 12.000 millones de euros. El Gobierno andaluz aspira al 14% de este plus y maneja dos cifras: entre 1.300 y 1.700 millones de euros. En esa cantidad no incluye la valoración de las competencias propias como las de la gestión del Guadalquivir.

Desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche permaneció el equipo de Aguayo en los despachos. Según fuentes de Economía, la consejera habló en varias ocasiones con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Igualmente, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mantuvo contactos con la vicepresidenta tercera, Elena Salgado. Hoy volverán al despacho a las diez.

Misma escena

Esta escena se repitió en el resto de las comunidades autónomas para apurar las negociaciones con vistas a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Es en este órgano, donde se sientan las comunidades del régimen común (todas, salvo Navarra y País Vasco), donde se debe aprobar el modelo de financiación.

El CPFF no podrá celebrarse el miércoles día 15 como estaba previsto, ya que para convocarlo es necesario una comunicación por escrito enviada 72 horas antes de la reunión, plazo que cumplía en la jornada de ayer.

La Junta de Andalucía ya ha mostrado su satisfacción por la propuesta del Gobierno, pero condiciona el sí final a ver negro sobre blanco las cifras totales, no sólo las suyas sino también las del resto de comunidades.