El PP quiere que la SGAE pague la televisión pública

Televisión Española avanza a pasos de gigante hacia la medida más revolucionaria de sus 53 años de vida: la supresión de la publicidad. El nuevo modelo deja una parte de la financiación en manos de las empresas de telecomunicaciones y de los operadores privados de televisión, sectores que afrontan a regañadientes el nuevo impuesto. Pero hay otras fórmulas. La más original es la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para que sean las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (como SGAE, DAMA, AIE o AGEDI) las que contribuyan a sufragar los gastos de la televisión estatal.

La propuesta del PP consiste en que estas entidades cedan a RTVE el 50% de los derechos recaudados y "cuyos titulares no hayan sido identificados en el plazo de cinco años". Esta aportación generaría un círculo cerrado de beneficios. Por un lado, el PP sostiene que sería positivo para las entidades de gestión de derechos, ya que serviría para ayudar a la televisión pública a producir y emitir obras audiovisuales españolas. Y esto, a su vez, generaría nuevos derechos de propiedad intelectual, con lo que se inyectará financiación a la industria cultural.

El Gobierno blinda las cuentas de RTVE ante los "vaivenes" de la publicidad

Gracias a estos ingresos, las empresas de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono lideran el sector) quedarían exentas de la tasa (0,9% de los ingresos anuales) que figura en el proyecto de ley. El PP plantea también que las televisiones privadas cedan el 2% y las de pago el 1% (frente al 3% y el 1,5%, respectivamente, que fija el texto). A cambio, apuesta por destinar a RTVE el 100% de la tasa por la utilización del espacio radioléctrico, que el proyecto de ley limita al 80%.

La ley pone coto a determinados contenidos al restringir las pujas por la adquisición y emisión de derechos deportivos o cinematográficos. Reduce, por ejemplo, a 70 el número de películas de estreno de grandes producciones extranjeras, una cuota que el PP baja a 52, una a la semana.

El vuelco radical del sistema de financiación de RTVE no gusta a la mayoría de los grupos parlamentarios y tampoco satisface a anunciantes, agencias de publicidad y sindicatos de la corporación. Pero el Gobierno cree que la actual coyuntura económica hace necesaria una reforma para que la televisión pública no esté sujeta a "los vaivenes" del mercado publicitario.

Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, desgranó ayer las bondades de la futura ley. Defendió la supresión radical de la publicidad en la televisión pública porque "las cuentas no cuadran". Recordó que los ingresos publicitarios han caído en lo que va de año entre un 30% y un 35% y que RTVE ya registró pérdidas el año pasado (71,8 millones de euros, después de haber recibido 500 millones de subvención). En este contexto, el modelo que ha estado vigente hasta ahora generaría más deuda para el sector público y mayor asfixia para el privado. Fernández de la Vega justificó la urgencia de la reforma porque "cada mes que pasa, RTVE ha visto reducidas sus expectativas de ingresos".

Salvo CiU y PP, el resto de los grupos parlamentarios rechazan de plano el modelo de RTVE diseñado por el Gobierno. Critican que no se haya alcanzado un consenso entre los sectores afectados y que barra de un plumazo el modelo de financiación (ingresos publicitarios y subvención, casi a partes iguales) previsto en la ley de 2006. También lamentan que la reforma no se lleve a cabo en el seno de la Ley General Audiovisual y temen que el modelo basado en la desaparición de los anuncios pueda ser exportado a las televisiones autonómicas. Y entre los más críticos, Rosa Díez ("esta ley liquida la televisión pública") y Gaspar Llamazares ("el Gobierno quiere acabar con el liderazgo de la televisión pública").