Salgado pide a la banca 10.000 millones para cambiar el modelo económico
Las entidades financiarán al 50% el Fondo para la Economía Sostenible
Toda ayuda tiene un precio. Desde que comenzó la crisis, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas con el fin de facilitar la liquidez de las entidades financieras. Ahora empiezan a conocerse los primeros peajes por las ayudas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, desveló ayer que bancos y cajas deberán sufragar al 50% el Fondo para la Economía Sostenible que estará dotado con al menos 20.000 millones de euros.
Este fondo, instrumentado a través del Instituto de Crédito Oficial y cofinanciado con fondos públicos y privados, tendrá como objetivo financiar actividades que contribuyan a hacer el tejido productivo español más sostenible a largo plazo desde el punto de vista social, económico y medioambiental. De momento los detalles acerca de este fondo son una incógnita puesto que la Ley para la Economía Sostenible que le daría cobertura está en fase de desarrollo. Esta ley deberá concretar aspectos tan importantes como la forma en la que se contribuirá al fondo, quién asumirá el riesgo de los créditos o cómo se determina la sostenibilidad de una empresa para acceder a los préstamos.
Las entidades financieras reciben la demanda con escepticismo
Si se corta el crédito se agravará la recesión, advierte la vicepresidenta
"El papel del sector financiero será determinante durante la próxima etapa de recuperación económica, no sólo desde el punto de vista de la coyuntura económica sino también para definir la orientación de nuestro modelo productivo hacia un patrón más sostenible", explicó Salgado durante la clausura del IX Encuentro Financiero, organizado por Caja Madrid y EL PAÍS.
Aparte de su contribución al Fondo de Economía Sostenible, la ministra subrayó que la participación de las entidades será "fundamental" en la financiación de los proyectos de colaboración entre la Administración y las compañías privadas para la construcción de infraestructuras que se darán en el futuro.
El anuncio de la ministra fue una sorpresa total para bancos y cajas. Fuentes de la Asociación Española de Banca y de la Confederación de Cajas afirmaron que desconocían por completo el contenido de la propuesta y que, por esta razón, no podían dar su opinión. Otras fuentes financieras apuntaron que el plan podría ser "otra línea más de colaboración con el ICO. El problema es que si el riesgo lo tienen que asumir las entidades, no tendrá futuro porque se prestará poco. La única forma de que tenga éxito es que el Gobierno asuma el riesgo. De lo contrario, sólo será propaganda".
Salgado hizo balance del Fondo de Adquisición de Activos, que ha gastado 19.341 millones desde su creación en otoño pasado, mientras que se han ofrecido avales a las entidades por 38.000 millones.
En este contexto, la ministra reconoció que las tensiones financieras y el deterioro económico explican el endurecimiento del crédito y un retraimiento de la demanda. Pero lanzó una advertencia para que no sequen el grifo de los préstamos: "Un exceso de prudencia podría terminar siendo contraproducente y contribuiría a agravar más la recesión. Las entidades deben buscar un difícil equilibrio que les permita compatibilizar la contención de riesgos con la provisión de financiación a los agentes solventes que sin duda constituyen la base de su rentabilidad futura".
La creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberá contribuir, en opinión de Salgado, a impulsar la "inevitable" reorganización del sector. "Renunciar al seguimiento público de este proceso podría llevar a una resolución desordenada con el riesgo de contagio a entidades sólidas. Ello provocaría una pérdida de confianza y una restricción adicional del crédito". La vicepresidenta defendió que el FROB es "absolutamente respetuoso" con las competencias de las distintas administraciones y "coherente" con los principios de la Unión Europea. "Se pondrá especial cuidado para que la reordenación no suponga una distorsión de la competencia", añadió.
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