Las demandas de Cataluña dificultan la financiación autonómica del PSOE

Al compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de cerrar el nuevo sistema de financiación autonómica antes del 15 de julio apenas le queda una semana para caducar. Y, aunque la base para lograr un acuerdo es buena -una abrumadora mayoría de presidentes autonómicos ya respaldó, con matices, la propuesta del Ejecutivo en diciembre-, el riesgo a un rechazo al nuevo modelo prende de nuevo en las propias filas socialistas. El problema es de dinero, pero también de presentación política y, como casi siempre, el foco está en Cataluña.

Si esa comunidad autónoma exhibe un triunfo por encima de las demás, los presidentes socialistas, sobre todo los del interior de España, junto a Galicia y Castilla y León, del PP, no lo aceptarán. El modelo propuesto en diciembre por el ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya les resultó de difícil digestión: la pretensión de Solbes de acabar con la disparidad (ver gráfico) en la asignación de recursos por habitante, que penaliza a las autonomías más dinámicas (en generación de riqueza y población), pasaba, necesariamente, por reducir de forma gradual la porción de dinero que va a las comunidades del noroeste y del interior. Pero la Generalitat se apoya en el Estatuto catalán para ir más allá: el reparto de dinero per cápita debe dejar a las comunidades que más impuestos generan (Baleares, Madrid, Cataluña) algo por encima de la media.

El riesgo de un rechazo al nuevo modelo prende en las filas socialistas

Los presidentes socialistas aseguran que durante meses la negociación con ellos se ha ralentizado, e incluso paralizado, a la espera de que el Gobierno solucionara sus diferencias con la Generalitat. "Eso es lo que nos decían a quienes preguntábamos por qué no avanzábamos", señala un presidente del noroeste.

El problema para los barones socialistas está en que esas diferencias se quieren resolver con los fondos adicionales que el Gobierno estudia poner (9.000 millones). Para garantizarse lo que el modelo no le ofrece (más recursos por habitante que la media), la Generalitat exige una buena porción (3.500 millones) de ese dinero adicional, que se justificaría en motivos demográficos, de coste de la inmigración o de diferencias en el nivel de vida.

Sin altanería, pero firmes, varios presidentes socialistas han advertido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que no podrán aceptar esta salida. Así lo manifiestan discretamente el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias; el de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, y el de Asturias, Vicente Álvarez Areces. Tampoco gusta la jugada al presidente andaluz, José Antonio Griñán, o al de Castilla-La Mancha, José María Barreda, pese a que ambas comunidades se verían beneficiadas también por un reparto que prime la población. Si la presión catalana fructifica, saldrían bien paradas Baleares (PSOE), Madrid (PP) o Valencia (PP).

Las dudas están en el noroeste y en la España interior. Cuando el presidente de la comunidad de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, salió la tarde del viernes del despacho de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, expresó su enorme preocupación.

También salió muy quejoso el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), que se aferró a sus conversaciones con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, mucho más coincidente con sus criterios.

En lo que todos coinciden es en señalar la determinación de la vicepresidenta económica en cumplir el compromiso de Zapatero. Hasta el punto de que su intención es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 14 de julio, para someter a votación el nuevo modelo de financiación. Un envite que debe refrendarse antes con cifras concretas. Hasta que se plasmen en un papel, las reuniones y las conversaciones telefónicas continuarán, con ella misma y con sus colaboradores, singularmente con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Hoy es el turno del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, del PP.