El Gobierno catalán recurrirá el fondo de rescate de bancos y cajas

El fondo que, con dinero contante y sonante, va a ayudar a rediseñar el mapa financiero español, empezando por el de las cajas de ahorros, sigue descargando tormenta política incluso después de haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. El Gobierno catalán anticipó ayer que recurrirá la supuesta invasión de competencias autonómicas en materia de cajas en la que, a su juicio, incurre el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que la semana próxima debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

"Los servicios jurídicos están estudiándolo [el Real decreto ley] y, si de su informe se desprende que hay la más mínima sombra de duda, y probablemente la hay, respecto a esta cuestión [las competencias de la Generalitat], pediremos los dictámenes correspondientes al Consejo Consultivo [órgano no vinculante que se posiciona sobre la constitucionalidad de las leyes] y actuaremos para preservar nuestras competencias", dejó caer en el Parlamento catalán el consejero de Economía, Antoni Castells, en respuesta a una interpelación parlamentaria sobre cajas del diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó. En otro momento de su intervención, Castells habló de "indicios" de invasión competencial.

"No podemos perder una sábana en cada colada", advierte Castells

Fuentes de la Generalitat dieron posteriormente por hecho que se dará este paso, que ya reclamaron el sábado sus socios en el poder, los republicanos de ERC, y también la oposición de CiU. La pregunta es qué harán los 25 diputados que los socialistas catalanes del PSC aportan a las filas del grupo socialista en el Congreso cuando toque convalidar el fondo el próximo 8 de julio.

El Estatuto catalán blindó lo que ya establecía y establece la ley catalana de cajas: que la Generalitat tiene competencias exclusivas sobre fusiones de cajas de ahorros con sede en su territorio.

El FROB no pasa por alto esta potestad cuando entidades más o menos sanas que quieran integrarse llamen a su puerta (es la llamada solución privada). El recelo autonómico viene por los casos en los que las entidades en apuros acaben siendo intervenidas por el Banco de España. O bien si sus planes de fusión y de viabilidad no le convencen, ya que el supervisor queda facultado entonces para pasar directamente a la intervención si así lo considera conveniente.

El Ejecutivo de José Montilla no pide meter baza en la cuestión de la intervención en sí, puesto que el derecho corresponde al Banco de España, sino que se revuelve contra lo que haga luego el supervisor con la entidad intervenida. Los nuevos administradores nombrados por la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez pueden decidir un plan de fusión posterior para esa entidad. Y ahí no se requiere "autorización previa" de los Gobiernos autónomos.

Los partidos catalanes no quieren que una caja autóctona en apuros acabe engullida por otra de fuera. Castells nunca lo ha dicho abiertamente, pero el modo en que se expresó ayer en el Parlamento catalán no dejó lugar a dudas: "Debemos evitar perder una sábana en cada colada". "Hace falta evitarlo", enfatizó en la misma línea Fernández Teixidó, de CiU, que tendió su mano al Gobierno tripartito si éste se compromete con un sistema "estructurado, transparente, ordenado, estable, fuerte y catalán". Aludían ambos a la pérdida de peso de Cataluña en crisis financieras como la del desaparecido Banc de Barcelona, la del Banc de Catalunya (quebrado y malvendido al Vizcaya), a cuando el Hispano Colonial "dejó de ser catalán" o al escándalo de Banca Catalana, hoy del BBVA.

Por ahora, tres cajas catalanas negocian su fusión (Manlleu, Sabadell y Terrassa), aunque la Generalitat y el Banco de España creen que este plan debería ganar masa crítica con otras cajas: Caixa Manresa, que da largas, y Penedès, que mira fuera de Cataluña. En paralelo, hablan de su plan Caixa Catalunya, Girona y Tarragona. "Las decisiones serán de las cajas, pero no seremos espectadores pasivos", subrayó Castells.