Industria planea lanzar el almacén nuclear tras el cierre de Garoña

La decisión sobre la central de Garoña (Burgos), la primera de calado en el sector nuclear que debe adoptar José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá consecuencias en el otro aspecto que el Gobierno elude desde 2006: el almacén de residuos radiactivos. Si finalmente La Moncloa impone el cierre en 2011, obligará a Industria a acelerar la búsqueda de un emplazamiento para los residuos de todas las centrales, según confirman fuentes del Ejecutivo.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) debe servir para unificar los residuos de todas las centrales nucleares. Hasta ahora, cada planta guarda los suyos en las piscinas de combustible, aunque Trillo y Zorita (Guadalajara) ya tienen su propio almacén en superficie y la empresa nacional de residuos radiactivos (Enresa) ha licitado otro en Ascó (Tarragona). Si se hiciera otro almacén temporal en Garoña perdería sentido construir un único almacén y España no podría albergar los residuos radiactivos de Vandellòs I que envió a Francia y que deben volver el año que viene. En la última cumbre entre España y Francia, el Gobierno dio garantías a París de que podría acoger los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 665 de media actividad que en 1989 envió a Francia tras el incendio de Vandellòs I.

Si la central cierra en 2011, apenas queda tiempo para construir el silo

En junio de 2006, Industria lanzó la búsqueda de un municipio para un único almacén, pero Moncloa frenó cualquier iniciativa y el tiempo apremia. Industria es consciente de que si la central tiene que cerrar en 2011 le queda poco margen. Tres años después del cierre, las barras de combustible nuclear gastado estarían listas para salir de la planta. En total, tendría cinco años para tener un emplazamiento elegido, el plazo mínimo para construir un ATC. Fuentes conocedoras de la negociación explican que no se puede cerrar la central y encima dejar allí los residuos radiactivos.

El pleno del Ayuntamiento del Valle de Tobalina, en el que se encuentra la central, acordó el jueves pasado su rechazo a acoger el ATC. Este veto es importante porque la convocatoria en la que Industria pide municipios candidatos especificará que el pueblo que quiera el almacén deberá aprobarlo en Pleno. En realidad, el Gobierno nunca ha pensado en el entorno de Garoña como opción para el almacén -está pegado al País Vasco, donde sí generaría mucho rechazo-. Más bien busca opciones en Cataluña -el delegado del presidente catalán, José Montilla, en Tarragona lo pidió-, o en Guadalajara, donde hay municipios que han conseguido apoyo entre la población.

Además, la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (Amac) ha dado de plazo al Gobierno tres semanas para que lance el proceso de construcción del almacén. Amac se comprometió a presentar candidatos, pero el desgaste de los alcaldes que lo quieren al acercarse las próximas elecciones municipales hace que sea cada vez más difícil obtener un pueblo que se postule. Si no hay avances, el 17 de julio, la asamblea de Amac se desmarcará del proceso.

La convocatoria para construir el almacén no se produciría en el mismo instante que el Gobierno dé a conocer la decisión sobre Garoña, sino después. Si opta por el cierre, la intención es aplacar las críticas ecologistas ante el ATC. Aunque basta una orden ministerial de Industria, será el Consejo de Ministros del próximo viernes el que anuncie la decisión sobre la nuclear. Lo hará con el tiempo justo para mandar la orden al Boletín Oficial del Estado, que debe publicarla el domingo 5 de julio o la central estaría fuera de la ley. En ese Consejo de Ministros, el Gobierno anunció que presentará medidas sociales y económicas para que la comarca de Garoña no sufra las consecuencias del cierre.

Si Moncloa finalmente da cuatro años de vida a la central en lugar de dos, el apremio sería menor. Fuentes del Ejecutivo sostienen que ése es el plazo que maneja Zapatero, aunque es difícil saber si expresan más un deseo que una realidad. La decisión ya sólo corresponde al presidente.

Mientras, la central alegó ayer al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre las condiciones que debería cumplir para funcionar dos, cuatro o seis años. La planta (propiedad de Endesa e Iberdrola al 50%) ha pedido que este dictamen no sea tenido en cuenta y que la decisión del Gobierno se base en el informe del 5 de junio en el que el CSN avaló la continuidad de la central durante 10 años más.