Los padres deben conocer el embarazo de las menores

Los dos informes remitidos al Ministerio de Justicia coinciden, con matices, en que los padres de una menor entre 16 y 18 años de edad que se encuentre embarazada deben tener conocimiento de la situación. Pero mientras el texto del fiscal del Estado apuesta porque el anteproyecto incorpore una "explícita y razonada invitación a informar a los padres" y a valorar junto a ellos las alternativas y consecuencias de la interrupción del embarazo, el texto de los conservadores exige que quede "constancia expresa del derecho de los padres a conocer la situación de embarazo de su hija menor de edad".

Conde-Pumpido reconoce la "sensación extendida" de que "amplias capas de la sociedad española" perciben con extrañeza, e incluso con rechazo que se atribuya en exclusiva a la menor la trascendental decisión sobre el aborto. Pero en el extremo opuesto resultaría "difícilmente asumible" que, ante un embarazo no previsto y en principio no deseado, el criterio de los padres pueda estimarse "determinante o decisivo".

Es decir, sería difícil, por no decir imposible, encajar "que los padres de una menor puedan obligar a ésta, en contra de su expresa voluntad, a llevar adelante el embarazo y dar a luz un hijo". Y también el supuesto inverso y "la no menos inaceptable conclusión de que los padres pudieran obligar a su hija a abortar en contra de su voluntad".

"En una aproximación mínimamente realista al drama humano del embarazo no deseado de una adolescente" prosigue el fiscal general "la posición de los padres puede tener una relevancia extrema". Entre otras razones, porque la eventual disposición de los padres a asumir y compartir con la gestante las cargas del embarazo y la maternidad pueden ser determinantes para la decisión de ésta.

Drama humano

Por eso, "al margen de cualquier concepción moral, política o religiosa" Conde-Pumpido ve congruente que además de la información que la embarazada recibe antes de decidir, se la invite a informar a sus padres y valorar junto a ellos la decisión.

El fiscal general propone también que para evitar encubrir una "forma de presión de la voluntad" de la menor embarazada o diluir la efectividad de sus derechos, podría preverse que la menor y sus padres puedan recibir, a solicitud propia, además de la información que regula el artículo 17, una específica asistencia a cargo de especialistas que puedan facilitarles el análisis objetivo de todos los factores.