La Hacienda vizcaína se niega a aplazar la deuda fiscal de 43 millones de Afer

, que considera que la decisión ya estaba "tomada de antemano", según aseguró ayer el presidente de Afer, Jabyer Fernández.

La actuación foral se fundamenta en el impago por el grupo de una deuda fiscal cifrada en 43 millones de euros. Esta cantidad corresponde al IVA generado por la venta de los terrenos del proyecto urbanístico Puerta de Bilbao, que Afer promovía en el barrio baracaldés de Lutxana. El estallido de la crisis puso en dificultades económicas a Iurbenor, la empresa del grupo que debía llevar adelante el proyecto, que se vio obligada a principios de año a abandonar la operación, que prevé edificar en la zona 2.000 viviendas, 700 de ellas de protección oficial, junto a otros edificios de uso terciario. La Caixa y la BBK, dos de las entidades que le habían financiado la compra del solar, pactaron entonces con Iurbenor la condonación de su deuda de 310 millones a cambio de los terrenos.

El Superior desestima la petición de Afer para levantar el embargo de cuentas

Dicha compraventa generó un IVA de 42,9 millones de euros, que Iurbenor debía ingresar en la Hacienda foral. Sin mebargo, Fernández utilizó ese dinero para cubrir los problemas de liquidez del grupo y pidió a la Diputación de Vizcaya el aplazamiento de la deuda, un trámite habitual en muchas empresas -sólo el pasado año la institución foral concedió 7.000 aplazamientos de pago-. Esta actuación motivó una crisis interna en Iurbenor, con la presentación de una denuncia de siete ex consejeros, entre ellos el presidente del Athletic, Fernando García Macua, hasta hace poco mano derecha de Jabyer Fernández, por apropiación indebida de fondos.

Afer puso como garantía para pedir el aplazamiento de la deuda el proyecto de la fábrica de pisos en serie de Alonsotegi -el fondo del conflicto entre ambas partes-, incluyendo el plan de negocio, que compromete a la Diputación a comprarle 1.500 viviendas. Con ello trataba de hacer visible el compromiso de la Diputación, que firmó con el grupo tres convenios en diciembre de 2006, a un proyecto del que el diputado general, José Luis Bilbao, y su equipo se han ido desmarcando progresivamente. Esta solicitud de aplazamiento se tramitó el pasado 7 de mayo, cuando el plazo expiraba el día 8.

La decisión de la Hacienda foral de denegar el aplazamiento se conoció ayer gracias a un auto judicial del Tribunal Superior sobre un asunto relacionado con el caso: el embargo de cuentas a tres empresas del grupo. Ni la Hacienda foral -como acostumbra con la información de los contribuyentes- ni Afer habían revelado la desestimación. El Superior deniega en dicho auto la petición que había hecho Afer de que se suspendiese cautelarmente el embargo preventivo de las cuentas de tres empresas del grupo (Iurbenor, Habidite y Habidite Technologies) dictado el pasado 30 de abril por la Hacienda foral. Ésta consideró para tomar la medida que había "indicios racionales" de que el cobro de la deuda de 43 millones "se vería frustrado o gravemente dificultado". La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior señala en el auto, fechado el pasado día 17, que el reglamento de recaudación tributaria permite el embargo, y que en este caso concurren "los requisitos expresados" por la legislación foral. El tribunal rechaza además que las notificaciones del embargo se realizasen incorrectamente como sostenía Afer. "Se exige la notificación sin más y, en este caso, la Administración tributaria ha cumplido con esta obligación", indica.

Por esta orden de embargo, en vigor desde principios de mayo, Afer presentó el mes pasado una querella criminal contra el jefe de Recaudación de la Hacienda foral, Miguel Ángel Beitia, al estimar que existe un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) por la retención de las cuentas de las tres empresas.