Un concurso de acreedores irremediable

El presidente del grupo Afer, Jabyer Fernández, volvió ayer a cargar contra la Diputación de Vizcaya en un comunicado de seis folios que difundió tras conocerse el auto del Tribunal Superior, aunque su tono es más comedido que el que ha usado en otras ocasiones desde que se inició el conflicto entre ambas partes, hace casi dos meses. "La denegación de dicho aplazamiento [del embargo de cuentas a tres sociedades del grupo] provocará, irremisiblemente, la entrada en concurso [de acreedores, la antigua suspensión de pagos] de nuestras sociedades", asegura en el texto.

"La no concesión de dicho aplazamiento no tiene ni una sola ventaja. Es un camino estéril. Sólo implica la entrada en procedimientos concursales de empresas, el colapso de una importante capacidad generadora de negocio y la destrucción de centenares de puestos de trabajo. No hay una tercera vía", indica el responsable de Afer.

Pese a que Fernández sostiene que no quiere "malgastar energías" sumergiéndose "en atascaderos políticos", se queja de la imposibilidad de su comparencia en las Juntas Generales, aprobada por toda la oposición. "Es difícil explicar qué razones pueden existir para evitar que un ciudadano acuda y responda a las preguntas efectuadas por los representantes del conjunto de nuestra comunidad. Quien intenta esconder algo, es que algo tiene que esconder", dice.

Apunta después que quiere alejarse de "este variopinto surtido de despropósitos, camorra y descrédito en el que se está sumergiendo alguna de las instituciones más representativas de este país" y que sólo se centrará en salvar su grupo: "Sólo voy a calzarme la armadura para defender la continuidad de nuestro proyecto empresarial".

Tras señalar que Afer ha pagado en los últimos tres años cerca de 79 millones de euros en impuestos a la Hacienda vizcaína y el apoyo que ha prestado a clubes deportivos, Fernández se muestra dispuesto a resolver el asunto que ha provocado la polémica: el retraso en los convenios para la fábrica de pisos. "Estamos dispuestos a adaptar los convenios a la situación actual, incluso a buscar posibles alternativas para el emplazamiento de la fábrica" de Alonsotegi, señala. E insiste en que el futuro de sus empresas pasa el aplazamiento de la deuda y la resolución pactada de las cuatro obras que mantenía en exclusiva con la Diputación y que ésta decidió rescindir. Y ello "para evitar eternos procesos judiciales que acaban perjudicando sólo a nuestra comunidad, que es quien las soporta financieramente y no sus representantes, que disparan con 'pólvora del rey".