Una juez obliga a la Generalitat a devolver cinco hijos a sus padres

Una juez de Barcelona ha ordenado a la Generalitat de Cataluña que devuelva a los padres biológicos, originarios de Gambia, a cinco niños que en 2006 fueron separados de sus progenitores al considerar el Gobierno catalán que sufrían malos tratos y que se encontraban en situación de abandono. Los niños, que entonces tenían entre cuatro y 14 años, han estado este tiempo en centros oficiales, si bien dos de ellos permanecen desde agosto pasado con una familia de acogida.

La sentencia dictada por la magistrada María Ascensión Oiza, titular del Juzgado de Primera Instancia 51 de Barcelona, acusa al Gobierno catalán de haberse "extralimitado y partiendo de unos malos tratos no sólo no probados, sino que ni tan siquiera existen, ha seguido manteniendo su inicial decisión" de apartar a los hijos de los padres. El fiscal también se puso del lado de los padres biológicos en el juicio.

Varios informes relatan episodios violentos, a los que no se da credibilidad

La juez no ha tenido en consideración que, durante estos tres años, cuatro de los hermanos han contado a los cuidadores y educadores de los centros de acogida las agresiones que su padre propinaba a su madre y cómo la pareja golpeaba a sus hijos con un cable eléctrico y un cinturón. La Generalitat afirma que ha hecho "todo lo posible para defender el interés de los menores" y lamenta la decisión de la juez, que ya ha recurrido.

Los cinco niños fueron separados de sus progenitores en octubre de 2006, cuando la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) consideró que estaban abandonados y sufrían malos tratos. El informe elaborado por los Servicios Sociales de la localidad barcelonesa en la que residen los padres biológicos, así como el testimonio de varios psicólogos que declararon en el juicio por la DGAIA corroboraron esa versión y la situación de abandono y de estado "deplorable" en que se encontraban los niños. Sin embargo, la juez da más verosimilitud a las declaraciones que prestaron los padres en el juicio, que negaron los malos tratos, y a las de varios amigos. Uno de ellos declaró que "en África se suele pegar a la mujer, pero que la ley prohíbe pegar a los hijos".

La sentencia califica de "caótico" el expediente administrativo de la Generalitat y asegura que "no es un ejemplo de tramitación", porque presentó decenas de páginas repetidas y desordenadas. Más allá de la forma, la sentencia dice que en el expediente "se repiten hasta la saciedad" las patadas que la madre propinó a la cabeza de B., que ahora tiene siete años, pero precisa que en el hospital no detectaron lesiones ni traumatismos. El expediente recoge declaraciones de la mujer contra su marido, que la agredió en "numerosas ocasiones", pero la sentencia recuerda que la mujer no quiso ir a una casa de acogida y que la pareja lo negó, "lo que les lleva a una situación totalmente maquiavélica y de indefensión extrema".

La sentencia está fechada el 9 de marzo y ordena que los cinco hijos sean devueltos el 30 de junio. Mientras tanto debían pasar los fines de semana alternos con sus padres. Sin embargo, la administración no atendió ese requerimiento y los padres biológicos solicitaron la ejecución de la sentencia. La juez les dio la razón y ordenó que los fines de semana del 6 y 7 de junio, así como del 20 y el 21, los hijos estuviesen con sus padres hasta la entrega definitiva.

El fallo revela que la juez sólo exploró a los dos hermanos mayores, que ahora tienen 17 y 12 años. Los dos que les siguen son N., una niña de 10 años y B., el de 7, ambos en una familia de acogida. La primera ha escrito una carta a la juez pidiéndole que la escuche y que concluye con la frase: "No quiero volver con los padres de antes". La Generalitat entiende que persisten las razones que motivaron la retirada de los cinco hermanos.