Reino Unido pone a salvo su soberanía fiscal en Europa

El nuevo sistema de supervisión financiera europea, que por primera vez vigilará de manera conjunta las entidades de la Unión, respetará la soberanía fiscal de los Estados miembros. El empleo de fondos presupuestarios para la salvación o recapitalización de los bancos u otras entidades en crisis, aunque sea recomendado por una autoridad europea, continuará en última instancia en manos de los Estados miembros.

La cautela fiscal fue introducida ayer por los Veintisiete para dar satisfacción a las exigencias de Reino Unido, el país más sensible con el principio que vincula el derecho a la representación política a quienes pagan impuestos, que consagraron los fundadores de la primera democracia moderna en Estados Unidos. En las conclusiones acordadas ayer por los Veintisiete se establece que "las decisiones de las Autoridades de Supervisión no deberán afectar de manera alguna las responsabilidades fiscales de los Estados miembros". No obstante, los Veintisiete establecen que, sujeto a esta condición, el Sistema de Supervisores Europeos "deberá tener poderes obligatorios y proporcionados" para comprobar si los supervisores cumplen sus requerimientos bajo unas reglas únicas para todos los países.

Gordon Brown: "Los contribuyentes británicos están protegidos"

Reino Unido también obtuvo satisfacción al prosperar una demanda presentada por Finlandia que rechazaba que la Junta Europea de Riesgos Sistémicos (JERS) fuera presidida por el presidente del Banco Central Europeo (BCE). El JERS, el otro pilar de la supervisión europea, evaluará las amenazas potenciales para la estabilidad financiera con carácter general como son la generación de burbujas, como ha ocurrido en el sector inmobiliario en varios países. El Consejo acordó ayer que el presidente de esta junta será elegido entre sus miembros y que está integrada por el presidente y vicepresidente del BCE, los gobernadores de los bancos centrales nacionales, las autoridades de supervisión de los Estados miembros, las tres autoridades europeas de supervisión y un representante de la Comisión Europea.

Ambas modificaciones fueron saludadas ayer por el primer ministro británico, Gordon Brown, al manifestar que había actuado para "que los contribuyentes británicos estén plenamente protegidos". La realidad es que la protección afecta a todos los europeos por parte de sus Gobiernos.

El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Junkers, admitió que la "reforma podría haber sido más ambiciosa".

La realidad, sin embargo, es que Reino Unido también cedió en sus posiciones iniciales en las que rechazaba otorgar poderes vinculantes a las autoridades europeas. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, señaló en este sentido que el acuerdo alcanzado suponía "un cambio completo en la estrategia anglosajona". Londres ha valorado que de alguna manera tenía que asumir una regulación europea en la medida que es la principal plaza financiera de la UE, aunque no está en el euro.

Todo el paquete de supervisión financiera volverá a ser revisado en octubre por los dirigentes europeos, que ya han encomendado a la Comisión que presente sus propuestas legislativas para establecer los organismos reguladores en otoño con vistas que estén operativos en 2010.