Los Mossos evitan que se aplique la Ley de Extranjería a las víctimas de la mafia china

La operación policial contra la mafia china en Mataró (Maresme) ha permitido liberar a 450 personas -incluido un menor de edad- que trabajaban en talleres ilegales de confección en condiciones lamentables. Muchas se encuentran en España en situación irregular. Tras recoger su declaración en comisaría, los Mossos d'Esquadra las han dejado en la calle sin ponerlas a disposición del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), como dispone la Ley de Extranjería y fijan los protocolos firmados entre ambos cuerpos policiales.

La policía autonómica justifica la decisión sobre la base de que los sin papeles son las víctimas de esta historia y argumenta que el ingente despliegue policial -un ejército de 750 mossos tomó la ciudad el martes- tenía como único fin capturar a los amos de los talleres. Fuentes policiales recuerdan, además, que estar en situación irregular es una infracción administrativa y no un delito.

Los 450 operarios explotados cobran 20 euros por jornadas de 12 horas

La actuación de los Mossos genera "sorpresa" en la Policía Nacional

La condición de víctimas de explotación laboral no exime a los agentes, sin embargo, de la obligación de entregarlas al CNP para que éste inicie el expediente de expulsión, coincidieron ayer diversos abogados y expertos en extranjería. Cosa distinta es que, en la práctica, "esas personas abandonen realmente territorio español", según las mismas fuentes.

Los Mossos han comprobado que ninguno de los 450 trabajadores tiene causas pendientes y aseguran que facilitarán toda la información (identidades, etcétera) al CNP. La decisión de dejarles en libertad sin más ha creado, sin embargo, "sorpresa" y cierto malestar en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. La investigación, que se ha alargado durante más de un año, ha sido coordinada por el fiscal de crimen organizado.

"No nos interesa ir a por las víctimas. Ni siquiera tienen asimilado que lo son: al entrar en los talleres, algunas intentaron huir por la ventana", dijo el inspector Josep Monteys, que dio algunos detalles de la operación. El caso está bajo secreto de sumario, dictado por el juzgado de instrucción número 2 de Mataró.

La redada se saldó con 77 jefes de talleres detenidos. Todos, salvo un español, son de nacionalidad china. Están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores, castigado con penas de entre dos y cinco años de cárcel. La investigación sigue en marcha con la idea de ir más allá. El objetivo de los agentes es hacer un seguimiento a los explotadores del Maresme (ahora ya fichados) para llegar hasta quienes mueven los hilos: los responsables de la mafia china en Cataluña, que controlan el negocio de los talleres textiles ilegales, pero también otros, como el de la prostitución.

La fiscalía investiga el destino final del dinero negro que generan los talleres. A través de una cadena de intermediarios, estos locales repletos de máquinas de coser acaban abasteciendo a un amplio mercado: tiendas de barrio, cadenas de moda, mercadillos callejeros y almacenes de venta al por mayor.

Las víctimas, que ahora "viven en casas de familiares y conocidos", según Monteys, trabajaban una media de 12 horas al día toda la semana. Por cada jornada cobraban unos 20 euros (no siempre) y tenían que coser en talleres con poca luz, poca higiene y demasiada gente. No siempre había trabajo para ellos: sus jefes les reclutaban especialmente cuando recibían algún pedido voluminoso. Esos días, los talleres podían permanecer abiertos las 24 horas del día.

En algunos locales de Mataró, los Mossos han hallado espejos retrovisores (para controlar a los operarios aunque se les diera la espalda) y cámaras de seguridad, instaladas para poder huir en caso de que llegara la policía.

Los locales han sido precintados y no podrán cumplir con los pedidos. "Puede haber excesos horarios, pero nuestros locales no están sometidos a la mafia. Esta acción perjudica su imagen y les supone una importante pérdida", señaló el despacho de abogados Mallart, Valls and García Roqueta, que defiende a algunos de los propietarios chinos.