Pulso político por la supresión del veto autonómico a las fusiones de cajas

La próxima puesta en marcha del fondo que ayudará a la reestructuración de las cajas de ahorros en apuros, que negocian el Gobierno central y los partidos de la oposición, mete el dedo en la llaga de las competencias autonómicas en materia de cajas y está gestando gruesas nubes de tormenta.

Para las autonomías, a las que corresponde la tutela sobre las cajas, es clave el margen de maniobra que les quede a la hora de arropar o de rechazar tanto la concentración de cajas como el troceo y la eventual venta de activos de las entidades financieras de resultas de una reestructuración forzosa. Y la última propuesta de modelo de reestructuración presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) limita considerablemente el papel de las comunidades autónomas en el caso en las que las cajas requieran dinero público.

Una operación de fusión o de escisión o de cesión de todos o una parte de los activos de una entidad y que requieren autorizaciones administrativas "se entenderían otorgadas en el momento de aprobación de tales planes por el Banco de España". El único papel específico que se reserva a las autonomías, y sólo en el caso de las cajas -sobre cuyos órganos de gobierno tienen competencias de tutela-, "se contemplaría" que el Banco de España les pidiera un informe "con carácter previo". Un informe que no se especifica que deba tener carácter vinculante. El supervisor tiene claro que, si hay que inyectar fondos públicos en una determinada operación -en caso de que una solución privada de una entidad que salvara a otra-, no haya posible veto político autonómico.

"El tira y afloja es brutal", describen la situación fuentes próximas a la negociación, que no ven claro cómo terminará porque "todavía quedan muchos días para poder negociar y es posible introducir cambios". La ministra de Economía, Elena Salgado, confía en tener listo el nuevo fondo para finales de este mismo mes. Salgado se inclina por no abrir el melón de una nueva reforma legislativa concerniente a las cajas por los fuegos que ve venir en las distintas autonomías, Cataluña incluida. El PP, pese a la abierta lucha de poder en que está enzarzado en Caja Madrid, reclama cambios legales en favor de una "despolitización" de las cajas, lo que, en caso de operaciones, implicaría más poder de intervención por parte del Banco de España.

El Departamento de Economía de la Generalitat declinó pronunciarse sobre el tema hasta que haya una decisión definitiva. Todos los partidos de Cataluña defienden el modelo de cajas catalán. El presidente José Montilla y el consejero de Economía, Antoni Castells, han rechazado públicamente que se aproveche la crisis para acometer cambios legales. La Generalitat preferiríaque los movimientos de concentración se produjeran entre cajas catalanas.