La falta de crédito retrasa 33 proyectos de pisos sociales y rehabilitaciones

La obra pública se antoja como el antídoto anticrisis. Pero incluso las construcciones por encargo de las administraciones se quedan estancadas. El Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) acumula ya 33 obras de urbanización, construcción y rehabilitación de edificios sin adjudicar por falta de financiación. Los retrasos empezaron a darse a finales del año pasado, pero ha sido este año cuando la tendencia se ha agravado. De las 16 licitaciones que ha habido en 2009, sólo se ha encargado una obra. Los proyectos por adjudicar suman 101,6 millones de euros.

El presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Cataluña, Rafael Romero, puso ayer el dedo en la llaga al Ejecutivo catalán. A lo largo de un desayuno de Nueva Economía Fórum, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, insistió en el empujón que debían dar las administraciones a la construcción a través de la promoción de vivienda de protección oficial. "¿Por qué, entonces, hay 16 obras este año pendientes de adjudicar?", preguntó Romero en el turno de preguntas.

Las obras suponen el 40% del total presupuestado por el Incasòl desde 2008

Tras la licitación de una obra, hay un periodo para la presentación de ofertas. A continuación, se abren las plicas y luego se adjudican los proyectos. En época de bonanza, la mayoría de las obras se asignan en menos de 30 días desde la apertura de los sobres. Así ocurría en 2007. Según fuentes empresariales, el 71% de lo presupuestado por el Incasòl se adjudicó en menos de un mes. Y raramente se concedían obras tras más de 90 días.

La crisis financiera lo alteró todo. A partir de octubre de 2008 las adjudicaciones empezaron a demorarse. Y desde entonces, el Incasòl ya arrastra 33 obras sin asignar a ninguna empresa, según la relación de proyectos a la que ha tenido acceso este diario. Las 18 que están pendientes del año pasado suman 63,8 millones de euros, mientras que las 15 de este año tienen un valor de 37,8 millones. En total, 101,6 millones, lo cual supone cerca del 40% de todo el presupuesto del Incasòl para estas adjudicaciones.

Baltasar asintió a la pregunta de Romero y, sin cebarse con ellas, culpó a las entidades financieras de la parálisis de estos proyectos. "Hay que hablar con varias entidades a la vez para conseguir préstamos preferentes, pero esperamos solucionarlo en breve", se limitó a responder. En su intervención, el consejero recordó que la Generalitat debe "trabajar" para obtener "recursos financieros", que calificó de "imprescindibles" para poder cumplir el Pacto Nacional por la Vivienda. De que cumplan con su parte del acuerdo -"cosa que es difícil", matizó el consejero-, depende que se puedan desarrollar los 68 nuevos barrios en toda Cataluña que albergarán 70.000 pisos, la mitad protegidos. "Pediremos ayudas de la Unión Europea para garantizar la urbanización y transformación del suelo", anunció.

Fuentes cercanas al departamento explicaron que el Ejecutivo catalán empezó a tener dificultades para financiar proyectos del Incasòl porque los créditos para promociones de vivienda protegida y para rehabilitaciones están vinculados al Euríbor y un diferencial del 0,65%, un coste muy inferior a los precios que la banca ofrece en el mercado.

Estas mismas fuentes explican que la tesorería del Incasòl ya no es tan boyante como años atrás y que, además, no dispone de los beneficios que le reportaba la venta de suelo industrial. El organismo requiere de financiación externa para hacer frente a las inversiones que tiene en marcha, en especial las de comprar y preparar suelo para pisos sociales.Fuentes cercanas a la patronal de los constructores aseguran que no sólo el Incasòl está en esta situación. Otros organismos dependientes de la Generalitat, que deberían estar adjudicando obras, se encuentran en la misma tesitura. La patronal, dicen estas mismas fuentes, ha dado un plazo al Ejecutivo catalán. Si a principios de la semana que viene no ha resuelto la obtención de financiación, hará público su enfado y los datos globales sobre las adjudicaciones de las administraciones.

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, sí pudo sacar pecho por el crecimiento del mercado de alquiler en Cataluña. El año pasado se expandió el 28%, y este año lo ha hecho el 11%. Baltasar afirmó que hasta ahora la Generalitat ha avalado 5.000 alquileres a través de la figura del aval lloguer. Se trata de garantizar el pago de cinco mensualidades al propietario en el caso de que el inquilino no abone sus cuotas y deba ser desahuciado.

Baltasar también se propuso buscar fórmulas para pasar 80.000 pisos que ahora están en el mercado libre sin vender a la figura de la protección oficial. Para ello, el Ejecutivo catalán explotará las fórmulas de la vivienda de precio concertado y del alquiler con opción a compra. El consejero recordó, además, que pedirá la gestión de la renta básica de emancipación al Ministerio de Vivienda por los retrasos que sufren los inquilinos para cobrarlas.