ANÁLISISColumna
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No es cuestión de sentimientos

Hace ya una treintena de años me pareció disparatado el plan nuclear que había sido dictado al ministerio por las empresas eléctricas y hace ahora 25 que participé en el diseño de la moratoria nuclear bajo la autoridad del ministro Solchaga y del secretario general de la Energía Martín Gallego. El entonces criticado parón nuclear evitó la quiebra de algunas de dichas empresas.

Pero ni entonces ni ahora entendía el porqué, respecto a la energía nuclear, el ser anti era progresista y ser pro, conservador y de derechas. Quizá el origen militar de la fisión del átomo, la prepotencia de las empresas y del sector bancario que se beneficiaba de sus inversiones, garantizadas por la tarifa eléctrica, explicaba los sentimientos (que no las razones) de los que se oponían a la energía nuclear.

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El tiempo pasa y resurge la polémica, con raíces en los mismos sentimientos de entonces y se plantea el cierre eventual de la central de Garoña, aún con el informe favorable sobre su seguridad por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Lamentablemente, uno tiene la impresión de que el dictamen del Consejo no será relevante, sino los sentimientos declarados del presidente del Gobierno y los fundamentos de un estudio de la Fundación Ideas, del PSOE, que ha sido hecho público hace pocas semanas y que está redactada con toda evidencia por Greenpeace y por un conocido militante antinuclear.

Ante este informe, se me ocurren algunas cosas que me parecen razonables.

1. El Gobierno debe tomar decisiones sobre bases contrastadas y no en función de afirmaciones repetidas hasta la saciedad, pero sin contraste factual alguno.

2. El problema es, primero, de seguridad, y sólo es responsable al respecto el Consejo de Seguridad Nuclear, del que fui presidente durante siete años y de cuya competencia no duda nadie en el mundo nuclear. Desde luego me parece audaz que Greenpeace o el señor Coderch se erijan en vigilantes oficiales de la seguridad.

3. El problema de los residuos existe, pero es controlable y yo diría resoluble si se consigue que se instale un almacenamiento experimental en alguna zona geológicamente adecuada del país.

4. Sorprende que el estudio se extienda en demostrar la falta de competitividad de la generación eléctrica nuclear. De ser así, no debería preocupar a los antinucleares que han hecho el informe. Estamos de acuerdo en que el Estado no debe, de ningún modo, subvencionar la energía nuclear y, por ello, si sus cálculos son ciertos, moriría por razones económicas, tirando sus enemigos flechas a un fantasma.

5. Pero cualquiera que sea el coste del kilovatio nuclear en una central nueva, en una amortizada sería realmente bajo: en la prolongación de su producción se obtendrían miles de millones de euros extra.

Es inadmisible que una política de izquierdas pueda despreciar la enorme cantidad de dinero que representa, en condiciones de seguridad, la prolongación de la vida de las centrales existentes. Esa suma es incierta pues depende del precio futuro del petróleo pero podrá llegar a cifras de más del 50.000 millones de euros, que no deberían ser un beneficio extra de las empresas, sino, por ejemplo, ayudar a financiar el desarrollo de las energías renovables. Éstas no llegarán a avanzar sin grandes recursos de I+D, aunque no creo que pueda conseguirse en 2050 el 100% de renovables en la generación eléctrica, como pretende el informe de Ideas, recogiendo un viejo eslogan de Greenpeace. No parece de recibo y desde luego no es progresista, en la triste coyuntura económica actual, que se quemen, como papel de fumar, miles de millones, por la presión de unos pocos creyentes que pretenden satisfacer sus prejuicios. Pero tampoco lo sería que se les proporcionase a las eléctricas unos enormes beneficios regulatorios sobrevenidos, prolongando la vida de las nucleares, sin imponer a cambio condicionantes que redunden en el interés general.

6. El mantenimiento de la producción eléctrica nuclear permite reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, mientras se van extendiendo las energías renovables en condiciones económicas aceptables.

Juan Manuel Kindelán es ingeniero de Minas y ex presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 10 de junio de 2009.