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Reportaje:

¿Cuándo no es presidente Zapatero?

El uso de medios públicos para actividades políticas está sin regular - El vuelo en Falcon abre el debate sobre unos límites difusos e imposibles

A nadie se le había ocurrido cuestionar cómo debe viajar un presidente del Gobierno a los actos de su partido hasta el pasado 24 de mayo. José Luis Rodríguez Zapatero no se podía ni imaginar, camino de Sevilla en un Dassault-Falcon 900 de la Fuerza Aérea española, que aquel mitin en Andalucía iba a marcar toda la campaña electoral que hoy termina. Al día siguiente, el PP le acusaba de haber utilizado el avión de Estado, que está permanentemente a su disposición, para un acto de partido. El PSOE respondió que el presidente es presidente todo el tiempo. Casi dos semanas después, aún es difícil saber quién tiene razón. La patata caliente le ha caído al Tribunal de Cuentas, que pasaba por allí.

Hay siete aviones VIP. La prioridad para utilizarlos la fija La Moncloa

Defensa cobra por usar el aparato, salvo a la Casa del Rey y al presidente

Hay que separar dos planos en el debate. Nadie cuestiona el dispositivo de seguridad de Zapatero, ni siquiera el uso del Falcon. El presidente viaja con la seguridad que disponen unos expertos y los medios que determinan otros. Lo que critica el PP es que lo pague el Gobierno en vez del partido. En ambos casos lo acaban pagando los ciudadanos, que sufragan a los partidos a través de las subvenciones, pero en periodo electoral hay un matiz importante.

El PP argumenta que los partidos tienen un presupuesto limitado, de dinero público, para su campaña electoral. La subvención de esta campaña está fijada por la Orden Ministerial de Economía y Hacienda 947 del pasado 16 de abril. Por diversos conceptos, PP y PSOE disponen de más de ocho millones cada uno. Si el PSOE no paga los desplazamientos en avión de su líder, argumenta el PP, tiene más dinero para dedicar a banderitas, chapas, anuncios o lo que quiera. Tiene más, en definitiva, que el PP, que sí debe pagar los vuelos de Rajoy en avión privado.

Juan Carlos Vera, veterano especialista en campañas electorales del PP, diputado y miembro del equipo de la campaña actual, pone ejemplos. "El primer mitin de Rajoy fue en Ourense, y al día siguiente por la mañana había que estar en Baleares. La única solución era viajar a última hora de la noche y contratamos un vuelo privado". Vera asegura que "eso se pone como gasto de campaña".

Eso sí, sólo los desplazamientos en avión privado. Rajoy utiliza un coche que le paga el PP, pero todos los demás transportes (vuelos de línea y trenes) se los puede pasar al Congreso como diputado. Igual que todos los parlamentarios que participan en esta campaña. "En cuanto a los viajes de diputados y senadores somos todos iguales", explica Vera, coautor también de un escrito ante el Tribunal de Cuentas que denuncia la supuesta ventaja presupuestaria del PSOE por el Falcon.

Aunque se les denomine aviones militares, los aparatos del Grupo 45 de la Fuerza Aérea española son, en realidad, aeronaves de Estado, con similares prestaciones a los jets de ejecutivos y dedicados en exclusiva al transporte de personalidades (eventualmente, pueden hacer alguna misión más, como el traslado de órganos).

En total son siete aviones, dos Airbus A310 y cinco Falcon 900B, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid). Su uso se rige por un estricto protocolo que gestiona el Gabinete Técnico de la ministra de Defensa, Carme Chacón. En principio, todos los clientes deben dirigirse a dicho Gabinete para solicitar un avión, a excepción de la Casa del Rey y la Presidencia del Gobierno, que se comunican directamente con el Grupo 45, aunque Defensa debe estar informado en todo momento.

A la hora de atender las solicitudes, el Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa, que dirige un militar, aplica un régimen de prioridades, en el que figuran la Casa del Rey, la Presidencia, las Vicepresidencias y los distintos ministerios, según su orden de prelación protocolaria. También figuran en la lista de posibles usuarios los presidentes del Congreso y el Senado. Incluso puede solicitar un avión militar el líder de la oposición, Mariano Rajoy, aunque no consta a las fuentes consultadas que éste lo haya pedido nunca.

En las peticiones no se especifica cuál es el motivo del desplazamiento, por lo que el Ministerio de Defensa no valora la importancia del viaje sino sólo la personalidad del solicitante. Los secretarios de Estado pueden utilizar también estas aeronaves, pero deben plantearlo a través de los gabinetes de los ministros, por lo que lo hacen siempre "bajo el paraguas" del titular de la cartera.

Cuando la demanda excede la capacidad del Grupo 45 (lo que sucede con frecuencia, ya que casi siempre hay algún aparato averiado o en mantenimiento) es la Presidencia del Gobierno la que dirime quién tiene prioridad. También es la Moncloa la que, excepcionalmente, autoriza el uso de los aviones por personalidades no incluidas en la lista, como ha sucedido con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, o el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Javier Solana. El Ministerio de la Presidencia declinó comentar cualquier detalle sobre el uso de los aviones militares.

El Ministerio de Defensa lleva una contabilidad escrupulosa del uso de los aviones del Grupo 45 (y también de los helicópteros de transporte del 402 escuadrón). Dispone de una tarifa, que se actualiza periódicamente, con el coste de la hora de vuelo de cada modelo de avión; lo que incluye tanto las dietas de las tripulaciones, como el combustible o el mantenimiento. Dicha tarifa, según las fuentes consultadas, es de unos 3.000 euros por hora para el Falcon 900 y más de 6.000 para el Airbus 300. Todos los ministerios abonan a Defensa el coste de estos desplazamientos, de acuerdo con las tarifas fijadas. Las excepciones son la Casa del Rey y la Presidencia; además del propio Ministerio de Defensa.

Por centrar jurídicamente el debate, el artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General dice que se consideran gastos electorales "medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos [...] y del personal al servicio de la candidatura". En la interpretación de si Zapatero es "dirigente" o presidente cuando acude a un mitin reside el meollo de la denuncia del PP y de la defensa del PSOE. Unos dicen que, en el mitin, era el secretario general del PSOE. Otros, que el presidente lo es durante la 24 horas.

En el fondo, ninguno de los dos tiene un argumento jurídico definitivo para defender su posición. No hay una regulación que separe los distintos usos que se le deben dar a los medios propios de un cargo público. No está escrito en ningún sitio. Si se pone muy serio, el PP debería recurrir al Código Penal y al artículo 433 sobre malversación de caudales públicos. Pero las consecuencias de una denuncia así pueden ser demoledoras.

Para muestra, todos los casos de usos privados de medios públicos que se dieron a conocer pocas horas después de encenderse la polémica. Ahí está el cabeza de lista del PP en estas elecciones, Jaime Mayor Oreja, que va en su coche oficial a misa. O el presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar (PP), que a diario manda a su coche oficial a llevar a sus nietos al colegio y recogerlos. Cuando se les preguntó a ambos por este uso de los medios públicos, dieron exactamente la misma explicación que la Moncloa sobre el uso del Falcon. Razones de la seguridad asociada a su cargo.

"Yo creo que el uso de los coches no se puede equiparar al Falcon", opina, sin embargo, Juan Carlos Vera. "Un dirigente político tiene que tener su seguridad y sus medios. Eso no lo critico. No entendería, por ejemplo, que Patxi López se desplazara en otros medios que no sean los que tiene como lehendakari, con su seguridad". Igual que Mayor, como ex ministro del Interior, es comprensible que tenga una seguridad extra a todas horas. ¿Pero los nietos de Baltar?

"El argumento de la seguridad se utiliza para muchas cosas indebidamente", advierte José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El suyo y otros dos sindicatos policiales han aprovechado esta polémica para denunciar cómo se utilizan a veces las escoltas. "La seguridad no puede justificar estas conductas", continúa, "al final hemos asumido pautas de comportamiento del régimen anterior".

El PP, asegura Fornet, "justificaba el uso de los aviones poniendo reuniones allí donde iban". Por ejemplo "se inventaba una reunión del patronato de noséqué en Murcia para que Federico Trillo se fuera de vacaciones". Al tener allí un acto oficial, ya estaba justificado el desplazamiento. "El uso de los medios públicos debe restringirse", opina este policía, especialmente indignado con el uso discrecional que se hace de coches y escoltas para todo tipo de tareas y desplazamientos.

Además, "tiene que haber más transparencia, la falta de información no se puede justificar con la seguridad". Para Fornet, por ejemplo, conocer los datos de los vuelos que el Gobierno no ha querido dar estos días, "es totalmente inofensivo desde el punto de vista de la seguridad", una vez que esos vuelos ya se han producido.

La realidad sobre el uso de los aviones VIP del Estado es que cada uno, cuando ha gobernado, ha hecho simplemente lo que le parecía más adecuado.

"Yo he hecho todas las campañas con Aznar y como presidente del Gobierno iba a todos los actos en avión privado", asegura Juan Carlos Vera por parte del PP. Ésa es una de las principales claves en todo este asunto. Básicamente, ésa es la diferencia entre el uso de los coches y el uso de los Falcon: José María Aznar jamás utilizó los aviones militares para actos de campaña. Hasta su esposa, la concejala de Madrid Ana Botella, lo ha asegurado en público sin ningún género de dudas. Ayer mismo lo reiteró Mariano Rajoy en televisión.

El portavoz del partido, Esteban González Pons, esgrimió en público un papel en el que aseguraba que figuraba la relación de 23 vuelos contratados por Génova en campaña electoral para trasladar a Aznar como presidente del Gobierno, por importe de más de 250.000 euros. Esa documentación no se ha facilitado a la prensa. Pero cuando se le solicitó al PP información sobre un vuelo concreto de Aznar a Baleares, en la campaña de 2003, mostró sin problemas una factura con la compañía Gestair (una de las más importantes del sector, que tiene como clientes a grandes empresas y los dos partidos políticos) de 20.015,56 euros por todo el viaje. Como ésa, asegura que tiene todas las demás, y sería muy raro que el PP lanzara un órdago semejante si existiera el más mínimo riesgo de patinar.

Sobre todo porque esos datos los tiene el Gobierno. La actual ministra de Defensa, Carme Chacón, ha criticado "con conocimiento de causa el uso por parte de ministros de Defensa [se refería a Federico Trillo], constante, de aviones militares". El presidente del Congreso y ex ministro del mismo departamento, José Bono, ha dicho: "Sé tantas cosas que lo mejor que puedo hacer es no pronunciarme". Pero ninguno ha desmentido al PP. Su partido se lo habría agradecido.

Porque el PSOE simplemente ha seguido su criterio de siempre. Los socialistas pagan los desplazamientos en avión privado de Zapatero cuando él es el candidato; es decir, en las generales. Se considera que todos los candidatos deben estar en igualdad de condiciones dentro del límite de gasto que impone la ley. Pero cuando no es el candidato, es el presidente del Gobierno, y se desplaza de acuerdo con las normas, medios y procedimientos de Presidencia. Y con cargo a su presupuesto. Ni se les había pasado por la cabeza, aseguran fuentes internas de la campaña, que eso no se hiciera así. Y se ven seguros de poder defender ese criterio.

"Igual que Zapatero vive en una casa [el palacio de La Moncloa] que a saber de qué manera la computa Hacienda, como presidente tiene a su disposición coche, helicóptero y avión", insiste una fuente socialista que está en el corazón de la campaña. "No son prebendas del cargo. Son herramientas del cargo".

Pero si alguna consecuencia positiva se puede extraer de la polémica, que ha acabado incluso cuestionando la seguridad de los ex presidentes ("eso sí que es una irresponsabilidad", opina Sánchez Fornet), es que por primera vez alguien va a tener que tomar una decisión sobre los límites del uso de los medios públicos: el Tribunal de Cuentas. El PP intentó que fuera la Junta Electoral Central la que decidiera, pero ésta respondió que no tenía competencias al respecto. Al usar dinero público, los partidos deben pasar todas las cuentas de la campaña al tribunal en un plazo de 100 días después de las elecciones. Después, elabora un informe de fiscalización en unos seis meses en el que dice si se ha gastado adecuadamente. Fuentes del PSOE aseguran que no hay precedentes de que el tribunal se haya interesado nunca por este asunto.

En este sentido, se equivoca el PP cuando dice que no hay precedentes de que un presidente del Gobierno haya hecho este uso del Falcon. El precedente, al menos conocido, es el propio Zapatero, que siguió el mismo criterio en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. En la fiscalización de aquellas elecciones, el Tribunal de Cuentas no hizo la más mínima observación al PSOE respecto a este punto. En los informes del tribunal sobre elecciones no se puede saber cuánto se gastan los partidos en aviones, porque aparece bajo el concepto "otros gastos", que suele englobar varios millones de euros.

Por primera vez, se va a encontrar una denuncia concreta sobre este punto. "A todos los tribunales les pasa eso, que algún caso es el primero de su tipo", dice el catedrático de Ciencia Política y experto en procesos electorales Julián Santamaría. Santamaría tiene claro que Zapatero debe usar los medios a su disposición ("el avión es necesario para garantizar la seguridad y las comunicaciones del presidente", afirma), pero no tiene tan claro quién debe pagarlo. En este sentido, espera con interés la resolución, que por lo menos marcaría un precedente. Santamaría, como director del CIS, tuvo coche oficial y asegura que lo utilizaba "sólo para ir a la oficina". Pero también reconoce que, en última instancia, "depende del sentido común del usuario".

Quién viaja en Falcon y cómo

- Hay siete aviones del Grupo 45 de la Fuerza Aérea destinados al transporte de personalidades. Son iguales que los de las compañías de jets privados para ejecutivos.

- Pueden solicitar un avión la Casa del Rey, todos los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado (aunque a través del gabinete del ministro), los presidentes de Congreso y Senado y hasta el líder de la oposición. Su uso es muy habitual. En caso de conflicto, Presidencia decide la prioridad.

- Los aviones son del Ministerio de Defensa. Este departamento le pasa la factura a los ministerios que usan los aviones. Cuesta 3.000 euros la hora un Falcon 900 y unos 6.000 euros la hora un Airbus A310 (es más grande).

- Hay dos excepciones que no pagan a Defensa: la Casa del Rey y el presidente del Gobierno, aparte del propio titular de Defensa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de junio de 2009

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