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La diversidad cultural y religiosa es una de las características, y al mismo tiempo, uno de los retos más importantes de las sociedades occidentales. El problema no es nuevo. Siempre han existido flujos migratorios provenientes de países con una religión y cultura distintas. Pero el fenómeno de la multiculturalidad adquiere hoy especial complejidad al intensificarse esas corrientes migratorias, lo que deja en evidencia lagunas en la integración social de esas minorías diferentes culturalmente.
Su plena incorporación a nuestra sociedad sólo se puede lograr con una reciprocidad de derechos y obligaciones. Resulta imprescindible que las minorías religiosas y culturales acepten los principios y valores fundamentales en los que se identifican los ciudadanos el Estado anfitrión. Esto no significa admitir como válidos los "contratos de integración" con los que se pretende exigir una especie de adhesión explícita y previa a costumbres sociales de una tradición cultural ajena.
Ahora bien, no será posible formar verdaderamente parte de una sociedad si no se respetan sus más elementales reglas de juego culturales y constitucionales. Pero el consenso en torno a esos principios exige el abandono determinadas prácticas y usos arraigados a veces, aunque tampoco de forma mayoritaria, en las sociedades de origen. Algunas de esas tradiciones —la ablación de clítoris es el ejemplo más evidente— están prohibidas por normas jurídicas. En otros casos, como el uso del velo en las escuelas, la respuesta no es unánime y deja aún lagunas jurídicas; véanse si no la disparidad de reacciones a este problema en países como Francia, Gran Bretaña o el nuestro.
En todo caso, la solución pasa por admitir un ejercicio responsable de la libertad del individuo. El canon de medición sería, por tanto, el de una autonomía personal que no coarte ni imponga formas de conducta, el de una libertad cultural que no atente contra la dignidad que cualquier ser humano tiene más allá de su pertenencia a una comunidad.
Pero la integración es también una responsabilidad de los Estados receptores de flujos migratorios. No pueden eludir sus obligaciones para garantizar a los recién llegados unas condiciones de vida y los derechos fundamentales que disfrutan los nacionales. Faltan todavía prestaciones y derechos que hacer efectivos para que la integridad cultural y religiosa sea una realidad, y de ese modo también la igualdad real de todos los que compartimos un mismo espacio para la convivencia.
Gerardo Ruiz-Rico es director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y catedrático de Derecho Constitucional.
