Seis detenidos más en Lanzarote por supuestos sobornos

La Guardia Civil ha detenido a un constructor y cinco empresarios acusados de supuesto cohecho y tráfico de influencias en Lanzarote y ha registrado el Ayuntamiento de Yaiza. La operación desarrollada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) es continuación de la que ejecutó el lunes pasado en Arrecife, la capital de la isla, en la que fueron detenidas nueve personas, siete vinculadas al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y dos al PSOE, por presunta corrupción.

Hasta el anochecer se desconocía la identidad de los últimos detenidos, excepto la del abogado y empresario Luis Fernando Lleó (detenido en Reus, Tarragona), el empresario Fernando Becerra Robayna (por posible cohecho) y el abogado Honorio García-Bravo Betancor, consejero de la Radiotelevisión Canaria, vocal de la Cámara de Comercio y empresario hotelero. Sólo dos de los detenidos han quedado en libertad con cargos: Elena Martín, jefa de Contratación en Arrecife y de María José García Acosta, por cohecho y tráfico de influencias.

Ya son 17 los arrestados, entre políticos, abogados y empresarios

Siguiendo instrucciones del titular del Juzgado 5 de Arrecife, la Guardia Civil ha detenido a concejales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), funcionarios, empresarios, abogados y registrado oficinas municipales y despachos de abogados y arquitectos en una posible trama de corrupción vinculada al cobro de comisiones, que ha podido cometer delitos como cohecho, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias y exenciones fiscales.

El principal implicado detenido ayer está investigado por haber ofrecido comisiones ilegales a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales de la Cámara de Comercio para que le beneficiaran en sus negocios inmobiliarios, según fuentes de la investigación. La UCO también trata de averiguar "en qué medida ha podido influir sobre varios cargos públicos del Ayuntamiento de Yaiza". En esa localidad está una de las promociones urbanísticas más importantes del principal implicado, quien habría tratado de encajarla en el nuevo Plan de Urbanismo de la localidad.

La investigación, según la Guardia Civil, ha permitido desarticular "una importante trama organizada dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".

En la cúspide de este operativo fraudulento ya se ha colocado al político Dimas Martín, detenido el lunes en la prisión donde cumple condena por delitos financieros vinculados a la Seguridad Social. Es un político reiteradamente condenado por la Justicia por delitos financieros y urbanísticos, que ha logrado colocar al menos a media docena de familiares en distintos puestos estratégicos de ayuntamientos y Cabildo de Lanzarote. Fundador del PIL, aunque sin cargo orgánico, ha gozado del apoyo de PSOE, Coalición Canaria y PP.