Qué perdemos con el fallo del Supremo

Dice la LOE, artículo 32: 3: "El bachillerato comprende dos cursos (...) 4. Los alumnos podrán permanecer cursando bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años... (y) se organizará de modo flexible...". Artículo 36: "Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes".

Si el bachillerato comprende dos cursos y los alumnos pueden cursarlo durante cuatro años, quiere decirse que para el legislador el concepto de "curso" no coincide exactamente con el de "año". Éste es unidad de tiempo, mientras el curso es unidad de organización de los contenidos secuenciados del currículo. Si se puede permanecer hasta "cuatro años" para superar "dos cursos", ¿por qué no imaginar para todos la organización del contenido de los dos cursos de modo flexible en más de dos años? Al término "curso" le damos el sentido de tiempo, pero también el de "estudio sobre una materia, desarrollada con unidad". Es normal la falta de correspondencia entre el tiempo físico previsto para lograr una titulación y el tiempo personal que los estudiantes, voluntaria o forzosamente, emplean para superar el contenido de la misma. En la universidad se ve como normal el que una titulación o "carrera" conste de "x" años de estudio, pudiendo cursarla en más tiempo. La estadística muestra que en la Universidad española se tarda una media de dos años más de los estipulados, dependiendo de los estudios.

En muchos casos la dilación se produce por razones económicas, personales, familiares, de trabajo... Nadie se extraña por ello. Es normal dejar asignaturas de un curso o año para otro, arrastrar materias de cursos anteriores o parar de estudiar y reanudar los estudios más tarde. Ahora con el formato de los créditos se permite una gran flexibilidad. Que algunos estudiantes se tomen más tiempo del previsto no es, en este caso, motivo para ser calificado como estudiante fracasado o anormal, ni por ser varios años mayor que la media se les dice que van retrasados. Dosificar el currículo no rebaja el nivel, sino la carga de trabajo del estudiante y la posibilidad de que, repartiendo ese currículo, distendiéndolo en el tiempo, sea más accesible.

En la universidad no se cuestiona que, una vez ha sido aprobada una materia, no se pierde ese logro porque el estudiante haya suspendido otras. Ni mucho menos tendrá que repetir curso.

Todo profesor o profesora de primaria y de secundaria han vivido esa cultura o estilo pedagógico cuando fueron estudiantes y hasta, seguramente, se habrán aprovechado de ella. Se producen abusos por parte de los rezagados que es preciso corregir, pero no creemos que la supresión de estas prácticas flexibles diera como resultado una mejora de la calidad de la educación. Suprimirlas llevaría a la expulsión a una parte importante del alumnado. ¿Por qué llevar ritmos diferentes es factible en el nivel universitario que, a priori, tendría que ser más selectivo y no es posible en bachillerato, que es un nivel básico en la actualidad? ¿Por qué una buena parte del profesorado no acepta para el alumnado las ventajas que ellos disfrutaron? ¿Por qué ir contra la permisión de permanecer más tiempo a los estudiantes con más dificultades, sin repetir?

En España la tasa bruta de acceso al bachillerato es del 55,8%, produciéndose notables diferencias entre territorios y según el capital cultural de origen familiar y social. Esa cifra varía hasta más de 25 puntos entre algunas comunidades autónomas. La población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de Enseñanza Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación o formación alcanza al 31%.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la sentencia del Tribunal Supremo [que rechazó la posibilidad de que los alumnos que suspendan tres o cuatro asignaturas en 1º de bachillerato puedan repetir sólo las suspendidas y completar el año escolar estudiando dos o tres materias de 2º]?

Sabemos quiénes lo han aplaudido. El fallo legitima a aquellos que son incapaces de imaginar formas de organización distintas a las conocidas, a los que no ven los problemas en clave moral antes que con un enfoque técnico-burocrático. Y es favorable a los centros que se evitan tener que organizar un sistema de atención a alumnos con dificultades. Ahora pueden seguir reconduciéndolos a centros públicos, desde donde sin otra atención especial, pasarán a la categoría de los "sin título" o de los que abandonan. Se disfraza lo que es una brutal selección académica y social, como si los perdedores saliesen por la puerta por su propia voluntad. Éstos son los que no ganan. Pierde el Ministerio que tuvo la oportunidad de introducir la flexibilidad aludida claramente en la LOE y no lo hizo. Recuperando, ayudando, ofreciendo sucesivas oportunidades dentro y fuera de los centros para no expulsar a quienes abandonan, es como se gana en calidad con justicia. ¿Cómo aumentar los titulados en bachillerato si no recuperamos a estos perdedores? Desde luego, no pidiendo más esfuerzo a quienes reclaman ayuda. ¿Cómo queremos hacer del "aprender a lo largo de toda la vida" algo más que retórica?

José Gimeno Sacristán es catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia.