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Sanidad privatiza los reconocimientos de sus funcionarios

Una empresa cobra este año 700.000 euros por hacer los chequeos

Elena G. Sevillano

En el edificio de ladrillo visto de Andrés Mellado, 37 (Argüelles) hay poca actividad. Y cada vez menos, se quejan sus empleados. Hace apenas unos años los trabajadores (médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo) del Centro de Prevención y Reconocimientos Médicos se encargaban de hacer los exámenes de salud de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2001 el centro emitió más de 12.000 informes, según datos de los sindicatos. En 2007 la cifra ya había bajado a 900. Lo que pasó entre un año y otro es que la Comunidad sacó a concurso los reconocimientos médicos. Ganó una empresa, el Grupo MGO, que sólo entre 2007 y 2008 recibió 1,5 millones de euros por hacer lo que antes hacía el centro público.

Ahora Sanidad quiere trasladar a los 33 trabajadores a otro edificio, también en Andrés Mellado, pero mucho más pequeño, que actualmente acoge un centro de salud. "Como una maleta vieja, que escondes para que no ocupe mucho", se queja un trabajador del Centro de Reconocimientos Médicos, que pide anonimato. "Lo que queremos es que nos den trabajo, funciones. ¿Por qué pagan a una empresa cuando aquí hay personal cualificado?". Los sindicatos CSIT, UGT y CC OO denuncian la "mala gestión" y la "duplicidad de gastos", ya que los salarios de los 33 empleados ascienden a 600.000 euros anuales, según sus datos. MGO cobrará este año 730.000 euros.

Recursos "infrautilizados"

No son sólo los recursos humanos. El centro cuenta con consultas de ginecología, oftalmología y otorrinolaringología completamente equipadas. Entre el aparataje médico hay cabina de audiometría, ecógrafo, mamógrafo... "Las máquinas están aquí, pero no hay nadie para manejarlas y tampoco nos llegan pruebas que hacer", asegura el trabajador. "Tenemos un técnico de radiología, pero no hay radiólogo".

Los sindicatos critican la "infrautilización" de los recursos, que "contrasta con la necesidad de aligerar la lista de espera de más de nueve meses que actualmente existe en las mamografías". También denuncian la "privatización" que ha supuesto la externalización del servicio "con la finalidad de disminuir progresivamente la actividad del centro". Esa actividad se limita ahora a realizar exámenes de salud para permisos de conducir y licencias de armas.

La Consejería de Sanidad, que no respondió a ninguna pregunta, se limitó a negar la privatización y aseguró que con la permuta de locales quiere mejorar la "comodidad para los usuarios, dado que las instalaciones son más amplias".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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