Vizcaya comunicó a la UE el convenio con Afer dos años después de firmarlo

José Luis Bilbao no convenció a la oposición en las Juntas Generales y ahondó las dudas sobre su actuación en el caso Afer. No aclaró si existen informes técnicos y jurídicos que respalden el proyecto de la fábrica de pisos y puso una nueva condición para que su desarrollo: que la Comisión Europea autorice las cuantiosas ayudas comprometidas por la Diputación de Vizcaya. Sin embargo, el gobierno foral no comunicó hasta el pasado mes de marzo a Bruselas los tres convenios suscritos en diciembre de 2006, aunque desde el principio se apuntó que podían chocar con las normas comunitarias sonre ayudas de Estado.

La esperada comparecencia del diputado general en las Juntas Generales, acompañado de cuatro diputados en una imagen inédita en una comisión de la Cámara, se prolongó durante casi cinco horas para explicar el anuncio de la rescisión de las cuatro obras adjudicadas a empresas del grupo Afer y el paralizado proyecto de la fábrica de pisos en Alonsotegi. Bilbao negó cualquier relación entre ambas cuestiones y varias veces afirmó que la Diputación sigue impulsando la fábrica, que iba a crear 1.100 empleos.

José Luis Bilbao: "Hoy habríamos hecho las cosas de otra manera"

Olazábal: "No me ha aclarado nada. Si me dice que cree en el proyecto, que es viable técnica y económicamente y se pueden buscar soluciones, me callo ahora. Y le firmo una letra de 180 días". Bilbao:

En el último medio año ha señalado que se ejecutaría, "si hay proyecto y empresario". Ayer puso más condiciones: que sea viable técnicamente y "legalmente factible" para la Comisión Europea. Anunció que el pasado 31 de marzo la Diputación notificó a Bruselas los tres convenios firmados con la empresa en diciembre de 2006 para que aclare si son ayudas de Estado. Pero el PP y el PSE ya apuntaron entonces que el convenio para adquirir 1.500 pisos fabricados en la futura planta vulneraba la legislación de la UE sobre competencia empresarial.

Esas condiciones merecieron ayer el reproche de la oposición. Carlos Olazabal (PP) se sorprendió de que se plantee ahora, y no antes de la firma de los convenios, la viabilidad técnica y opinó que no existen dudas de que se trate de ayudas de Estado, al recordar lo sucedido con el ferry Pride of Bilbao. Ofreció a Bilbao olvidar la polémica si se garantizaba la viabilidad técnica de la iniciativa y se buscaban soluciones. Pero el diputado general no respondió.

José Luis Bilbao negó que hubiera una persecución a Afer o un enfrentamiento personal, como ha asegurado el presidente del grupo empresarial, Jabyer Fernández. Y adelantó que no hablará de cuestiones fiscales -Hacienda ha reclamado el embargo de cuentas bancarias de tres empresas de Afer- ni de la denuncia de falsedad documental esgrimida por Fernández. El retraso en la disposición del suelo para la fábrica -la Diputación tenía que haberlo entregado a Habidite, la filial de Afer, en diciembre de 2007-, lo atribuyó a la tramitación urbanística y no a la "supuesta desidia o falta de voluntad [de la ]que se nos acusa". Una decena de propietarios, con el 30% de los terrenos, afirma no haber recibido ofertas de compra.

Bilbao admitió luego: "Hoy habríamos hecho las cosas de otra manera" y que en 2006 hubo un exceso de ilusión por el empleo que se generaría, y "quizá quisimos correr demasiado". Olazabal se mostró estupefacto: "No me ha explicado porqué firmó los contratos. Si no hay informes previos [técnicos y de legalidad], no entiendo cómo se pueden firmar", apuntó tras recordar que en los acuerdos se comprometen 250 millones por la compra de los 1.500 pisos. Tanto el PP como Aralar incidieron en otro de los aspectos polémicos del asunto: en los contratos se afirma que Afer pagará 4,8 millones por el suelo perfectamente urbanizado, pero los informes sobre el coste de su adecuación los elevan a 46 millones. Bilbao dijo que los estudios no están concluidos y cifran el coste en 26 millones. "No vamos a vender por debajo del coste", agregó. "Lo que firmó, y no sé por qué, dice lo contrario", le replicó. Es el precio de la adquisición y no la urbanización".

Iñaki Egaña (PSE) enfatizó que ha habido improvisación y "se saltaron preceptos como no solicitar previamente informes técnicos y jurídicos". Si la fábrica no se construye, la responsabilidad será "suya", dijo a Bilbao. José Ferrera (EB) pidió que la Diputación lidere este proyecto por "la falta de solvencia" de Afer.