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Explotación sexual en España

La línea que la policía no debió cruzar

La policía se mueve en ocasiones en una fina línea que separa la persecución del delito de su permisividad a cambio de sacar tajada. Si, además, lo que se persigue es el tráfico de personas para favorecer la prostitución y la inmigración ilegal, la tentación puede aumentar, igual que si se trata de tráfico de drogas.

Por eso, los agentes saben que jamás deben cruzar esa línea. El inspector de la Jefatura de Policía de Barcelona, José Javier Martín Puyal, la traspasó con creces y por eso ha acabado en prisión. Sin su participación hubiera sido muy difícil tejer la trama de extorsión en los macroburdeles Riviera y Saratoga de Castelldefels, clausurados por orden judicial desde hace dos meses y medio y en el que están imputadas 19 personas, seis de ellas entre rejas.

Un inspector tejió la red de extorsión en los prostíbulos de Barcelona

Martín Puyal, estaba adscrito al grupo 1 de la Sección Primera de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Barcelona. Se le acusa de cobrar dinero de los dueños de los prostíbulos a cambio de advertirles que se iban a producir redadas. Así se puede explicar que, pese a las continuas operaciones policiales, los locales seguían abiertos porque nunca se encontraron pruebas concluyentes contra sus propietarios, a pesar de que muchas de las trabajadoras sexuales no tenían papeles.

El que fuera superior jerárquico de Martín Puyal, el inspector jefe Abundio Navas, también está imputado, igual que el comisario Luis Gómez. El primero está en libertad bajo fianza de 2.500 y el segundo abonó 5.000. Los tres están suspendidos de empleo y sueldo desde hace un mes y, según anunció en su día el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la policía será inflexible con ellos.

La investigación que tramita el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona está casi finalizada y sigue bajo secreto de sumario desde hace meses. De las pesquisas ha aflorado que Martín Puyal no sólo tejió su influencia sobre los dueños de los prostíbulos, uno de los cuales lo acabó denunciándolo por exigirle 3.000 euros, sino sobre algún funcionario municipal y los abogados que representaban los intereses legales de la patronal de los locales de alterne.

Precisamente entre los encarcelados figura el inspector de área de licencias del distrito del Eixample, Manuel Martínez, acusado de hacer desaparecer expedientes relacionados con locales de prostitución. El mismo camino ha seguido el abogado Alex Garberí, que estaba en libertad bajo fianza de 20.000 euros pero que fue a prisión la semana pasada acusado de coaccionar a una persona relacionada con la investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de mayo de 2009