Madrid torpedea el impuesto al CO2 y beneficia a los coches más sucios

Si usted vive en Madrid y se compra un Porsche Cayenne (unos 50.000 euros sin IVA, importado y 310 gramos de emisión de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido), esta comunidad autónoma le devolverá casi 1.500 euros. Si se compra un Seat Ibiza (fabricado en España y un tercio de las emisiones del anterior) la devolución será de sólo 114 euros. Así es la ayuda para estimular la venta de vehículos que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre anunció hace unos días, que devuelven el 20% del impuesto de matriculación. Como este tributo se paga en función de la contaminación y están exentos los coches más ecológicos (generalmente los más baratos), la ayuda es mayor para los coches más caros y contaminantes.

"Son contaminantes, pero en crisis hay prioridades", dice el Gobierno regional

Un portavoz de la Consejería de Economía explica que eran plenamente conscientes del efecto que esto tendría: "La idea es ayudar al automóvil. Sí que puede primar a los coches más contaminantes, pero en crisis hay prioridades". La devolución durará hasta el 31 de julio "aunque seguramente se prorrogará". El impuesto lo recauda el Gobierno, que lo cede a las comunidades, que no pueden bajarlo. Así que la comunidad madrileña lo compensa devolviendo el 20% en la matriculación.

El sistema choca con el de ayudas directas que ha propuesto el PP en el Congreso -1.000 euros por cada nuevo coche- y que ayer reclamó Mariano Rajoy: "Yo haría un plan para proteger la industria del automóvil, el sector exportador más importante de España. Un plan de ayudas directas, como han hecho Alemania y Francia". El plan de Aguirre también difiere de los planes de ayudas directas que preparan Valencia, Castilla y León o Aragón. Y es radicalmente distinto al que en marzo inició Navarra, que da 2.200 euros para los coches más ecológicos y 1.200 euros para los que superen los 140 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Mientras que las ventas de coches en España han caído un 43,7% en el primer cuatrimestre, en Navarra sólo la mitad.

El impuesto de matriculación en función del CO2 fue una de las principales medidas para llevar la lucha contra el cambio climático y la contaminación en las ciudades, un problema acuciante en Madrid. El Congreso la aprobó en julio de 2007 y entró en vigor en 2008. Hasta entonces, los coches pagaban la matriculación en función de la potencia.

La reforma dejó exentos a los coches híbridos y los más pequeños y aumentó -del 12% al 14,75%- el gravamen a los más contaminantes. Esto contribuyó a animar la venta de los coches híbridos (con un motor de gasolina y otro eléctrico). La venta del Toyota Prius híbrido se duplicó el año pasado (2.296 ejemplares frente a 939 en 2007) aún lejos de los más vendidos. En 2008 la de todoterrenos cayó un 40%.

La oposición carga contra la reforma de Aguirre. Adolfo Piñedo, portavoz de Economía de los socialistas madrileños, la considera "un despropósito": "Prima los coches más contaminantes y no los más ecológicos, pero es que en España se fabrican principalmente coches pequeños, así que Aguirre da subvenciones a los vehículos fabricados en el extranjero". Piñero dice que nadie se va a comprar un Cayenne por esta ayuda, pero no duda de que los concesionarios se encargarán de que se cobre y de presentar los todoterreno como más baratos. E ironiza sobre la finalidad del impuesto: "En la mente de Aguirre tiene lógica. Si uno se compra un Cayenne tiene que celebrarlo con los amigos y ella invita al Moët Chandon y al caviar beluga. Si uno se compra un Seat Ibiza no hay nada que celebrar".

Pese a la posición de los socialistas en Madrid, el Gobierno de Zapatero es mucho más cauto. Un portavoz de Industria afirma que el ministerio no puede criticar las ayudas al automóvil pues lleva meses reclamando a las comunidades que aprueben planes de estímulo. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, es crítica con el plan pero tampoco arremete contra él: "Habría que preguntarse si el dinero de los madrileños debe ir a subvencionar estos coches". El diputado de ICV, Joan Herrera, impulsor del impuesto al CO

2, critica la tibieza del Ejecutivo al defender el gravamen.

Los ecologistas son contrarios a las ayudas al automóvil, pero especialmente a ésta. Sara Pizzinato, responsable de la campaña de transporte de Greenpeace dice: "Es un absurdo. ¿Por qué un ciudadano que decide usar el transporte público tiene que subvencionar a un devorador de gasolina con la crisis ambiental que viene?".