El Constitucional ratifica la pena del ex alcalde de Xeresa por aterrar el marjal

El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado la condena a un año de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos y empleos públicos al ex alcalde de Xeresa Ciprià Fluixà por conceder durante su mandato, entre 1995 y 1998, licencias para realizar vertidos de escombros en terrenos protegidos del marjal de La Safor. El Constitucional rechaza así el recurso de amparo que presentó el ex edil, que solicitaba la nulidad de la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo del 25 de septiembre de 2003.

En dicha sentencia, el alto tribunal consideraba que Ciprià Fluixà, desde su cargo de alcalde, había sido "autor responsable" de un delito de prevaricación medioambiental en concurso ideal con un delito contra el medio ambiente. El Ayuntamiento de Xeresa, bajo la dirección de Fluixà, concedió entre 1995 y 1998 un total de 42 permisos para realizar vertidos de residuos en las parcelas de Los Marjales de La Safor, un humedal protegido. Probados estos hechos, el Supremo condenó al ex alcalde a 24 meses de multa a razón de 300 euros por día, y a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito contra el medio ambiente, la pena era de un año de prisión, una multa de 24 meses a razón de 300 euros por día, y dos años de inhabilitación especial.

El TC ha ratificado la sentencia del Supremo, y mantiene las penas de prisión e inhabilitación para el ex alcalde. Pero ordena "retrotraer" las actuaciones para que se dicte nueva sentencia respecto a la cuantía de la multa que debe aplicarse (inicialmente, según la sentencia del Supremo, de unos 456.769 euros), ya que considera que no se atendieron los ingresos económicos del condenado y sus cargas familiares, como establece el Código Penal.

El abogado de Ecologistes en Acció, José Luis Ramos, que, junto al ministerio fiscal, se personó en el caso contra el alcalde de Xeresa, asegura que la sentencia de prisión e inhabilitación "es ya firme", y considera que su aplicación "debe ser inmediata". Ramos se felicita por la ratificación de la condena de inhabilitación "que evitará que Fluixà pueda ocupar un cargo público en diez años". En la época de los aterramientos Fluixà era alcalde por Unión Valenciana, y en los últimos comicios a los que concurrió lo hizo en la lista del PP. Ecologistes en Acció considera que el fallo del TC "debe servir para que los cargos públicos dejen de pensar que las agresiones al medio ambiente pueden salir gratis".