"Cumplimos con nuestra labor, pese a no cobrar desde hace cuatro meses"

Manuel Serrano es el más joven, el último en hablar y el que se expresa de forma más contundente. "Te sientes abandonado. Para unas cosas hay dinero y para nosotros, que tenemos una enfermedad, resulta que no hay". "Ya no venimos por las tardes, se han suspendido los grupos de atención psicológica y habilidades sociales", añade Mila Aracil, de 47 años, otra de las personas que recibe asistencia en la Asociación de Familiares de Integración del Enfermo Mental (Afiem) de Alcoi, que atiende a unas 200 personas de la comarca. Todos ellos son los principales perjudicados por la asfixia financiera a la que la Generalitat está sometiendo a las asociaciones que asisten a personas con enfermedad mental. Hasta el momento la Administración no ha aportado aún ni un euro de las subvenciones correspondientes a este año, una circunstancia que está repercutiendo seriamente en el funcionamiento de estas entidades y que en Afiem se ha traducido en un recorte de prestaciones y que sus 19 profesionales lleven cuatro meses sin cobrar.

"Se está jugando con los sentimientos de los usuarios"

En total, son 27 las asociaciones afectadas (con una media de dos meses sin salario) y 2.000 los usuarios que están viendo peligrar su atención, según la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad Valenciana (Feafes). Este comportamiento ha provocado "la peor situación en la rehabilitación de las personas que padecen una enfermedad mental", según Feafes.

El proceso administrativo que han de recorrer cada año estas entidades para conseguir fondos públicos nunca ha sido ágil. Lo habitual es que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publique la orden para solicitar subvenciones a finales de diciembre o principios de enero. Así ha sido "durante los últimos 15 años", como apunta el coordinador de Afiem, Pascual Arnau. A partir de entonces, las asociaciones piden las ayudas (400.000 euros a Bienestar Social en su caso) que suelen comenzar a llegar en abril (el pago del 60%). Hasta entonces los ingresos para mantener la actividad durante los primeros meses del año provienen de créditos bancarios. En el caso de esta entidad de Alcoi, por ejemplo, esta operación crediticia les supone 12.000 euros de intereses que se podrían destinar a asistencia.

Sin embargo, este año, la orden de Bienestar Social ha salido el 27 de febrero, dos meses más tarde de lo normal. Y los malabarismos financieros que han de hacer todos los años las asociaciones para cuadrar las cuentas no han podido evitar este ejercicio, en el caso de Afiem, los impagos de las nóminas de una veintena de educadores sociales y psicólogos.

Una de ellas es Marta Gisbert, de 33 años, educadora del servicio de atención domiciliaria de la asociación. "[La falta de financiación] te afecta en dos planos", apunta. "Por un lado, como trabajador, porque dejas de percibir tu salario y se nota". En ello incide su compañera Raquel Sánchez, también educadora, pero del centro de rehabilitación e integración social: "Es algo que te llevas a casa, pero además te sientes raro: pese a no cobrar desde hace cuatro meses sigues cumpliendo con tu trabajo mientras ellos [la Generalitat] no cumplen con sus compromisos".

Sin embargo, "duele más otro aspecto", continúa Marta. Esta educadora se refiere al plano que tiene que ver con los usuarios y la atención a la salud mental en general: "[El retraso de la Consejería de Bienestar Social en pagar] simboliza el abandono que existe por parte de la Administración hacia este tipo de personas".

"Se está jugando con los sentimientos de los usuarios, que se preocupan de la continuidad de sus cuidados", insiste Fuensanta, la administrativa del centro de rehabilitación e integración social de Afiem. "Claro que influye en los usuarios esta situación", comenta Vanesa Martínez, psicóloga, "si no estás motivado, ellos lo notan, y esta situación es totalmente injusta porque no tienen ninguna culpa". En cualquier caso, la prioridad es mantener a toda costa la asistencia. Y es que la dedicación sostenida es clave en la mejora de la salud de estas personas. Un ejemplo de ello es Alfredo Andrés, de 47 años, que desde hace un año reside en una vivienda tutelada de la asociación. "Antes estaba en un centro especial de enfermos mentales, una especie de residencia de Valencia y era un vegetal. Ahora me valgo por mí mismo, hago la comida, me muevo; estoy mucho mejor".

Pascual, el coordinador del centro, apunta a la "falta de compromiso" de la Generalitat como responsable de esta situación que afecta al derecho del enfermo mental a recibir tratamiento. Del compromiso de la asociación no hay duda. "No vamos a cerrar, no se puede tirar por tierra un trabajo de años".