El futuro ya no es lo que era

John Kay, todavía hoy reputado columnista del Financial Times, publicaba hace más de cuatro años un artículo en el que vertía una opinión muy radical sobre las alarmas creadas en torno a la viabilidad del sistema público de pensiones. Transcribo lo fundamental porque su significado no tiene desperdicio: "En mis estanterías hay un libro publicado en 1982 que lleva por título La Crisis Mundial de la Seguridad Social. No puedo evitar cierto pudor por mi contribución a la obra. No por su contenido; mi sentimiento está más relacionado con la ingenuidad e incapacidad de entender el juego al que se me invitaba a participar. Una retirada de las prestaciones por pensiones del sector público podría crear un gran flujo de capital en el mercado de valores. A las instituciones financieras se les hace la boca agua ante esta perspectiva. Siempre ha resultado sencillo obtener financiación para proyectos como La Crisis Mundial de la Seguridad Social y gran parte de estas ayudas han sido canalizadas a través de los gabinetes estratégicos conservadores de EE UU. Tras décadas de propaganda, no sorprende que la mayoría de la gente esté convencida de que realmente existe una crisis mundial de la Seguridad Social. Aunque políticos y analistas deberían distinguir la mala información de la realidad, tienden a prestar atención sólo a los hechos y cifras a los que están ideológicamente predispuestos. El hecho de hablar continuamente de crisis hace que la confianza de la gente en sus pensiones se vea afectada. Los que hablan de crisis en la Seguridad Social contribuyen a que la situación se agrave. Por increíble que parezca, algunos intentan fomentar esta incertidumbre". (John Kay, original publicado por Financial Times y reproducido en castellano por Expansión el 4 de febrero de 2005).

John Kay: "Por increíble que parezca, algunos intentan fomentar la incertidumbre"

La inmigración volverá a garantizar la oferta de mano de obra cuando la economía se recupere

La opinión de Kay viene a cuento del debate que vivimos estos días a propósito de la viabilidad de nuestra Seguridad Social. Ha sido ciertamente el gobernador del Banco de España el que ha provocado con sus declaraciones la controversia que posteriormente se desató. Sin embargo, para dejar las cosas en su sitio, hay que recordar que, siendo secretario de Estado de Hacienda, Fernández Ordoñez reformó la fiscalidad de los planes de pensiones para corregir su carácter regresivo en el IRPF, y, sobre todo, para dejar su fiscalidad en pie de igualdad con la de las pensiones públicas.

La Seguridad Social española, es cierto, ha sufrido muchas crisis reales o virtuales. Pero no fue hasta 1994 cuando el mundo de las pensiones registró un movimiento sísmico. El Banco Mundial publicó un informe (Averting The Old Age Crisis) en el que recomendaba al mundo (así, urbi et orbi) la implantación de un sistema apoyado en tres pilares: uno público para atender las pensiones de los pobres; otro privado, profesional y obligatorio fundado en la capitalización, que hace depender las pensiones de la coyuntura de los mercados financieros; y, en fin, un tercero voluntario, privado y de capitalización. A partir de ese momento numerosos países latinoamericanos y asiáticos comenzaron la demolición de los sistemas públicos y la adopción de sistemas en todo o en parte similares al de Chile, implantado en 1981.

En 1996 Piñera, el gurú que implantó el sistema chileno de capitalización, y que en España arropó y jaleó el Círculo de Empresarios, calculó que en el cercano año 2000, la Seguridad Social española tendría un déficit de -0,46% del PIB, y que a partir de aquel momento iría progresando hasta llegar a situaciones insostenibles para el sistema fiscal. Tal tipo de predicciones fueron similares a las de tantos otros académicos españoles y extranjeros a los que, sin duda, es ocioso e innecesario traer a colación. Lo cierto es que todos erraron y alguno de ellos de forma estrepitosa.

¿Dónde estuvo el error? Unos y otros no fueron capaces de predecir o de adelantar (en su beneficio habría que decir que nadie lo fue) el inesperado incremento de la oferta y la demanda de trabajo en España, que en pocos años aumentó la población en seis millones y el empleo en una cifra similar. Naturalmente que los movimientos migratorios registrados a partir de la segunda parte de la década de los noventa explican todo ese fogonazo de progreso.

Años más tarde, el Banco Mundial volvió sobre sus pasos y en 2004 recomendó (Keeping The Promise of Social Security) que el sistema de pensiones se ampliase de tres a cinco pilares, incluyendo un mayor protagonismo del sistema público en la financiación y provisión de las prestaciones. Los expertos españoles han mudado, a su vez, sus recetas. Lo que supone que de haber seguido sus guías las consecuencias hubieran sido nefastas.

No obstante, el debate abierto por el gobernador del Banco de España ha vuelto a reproducir las acusaciones a los defensores del sistema de reparto que se vienen repitiendo desde hace décadas. Se les tilda de cortoplacismo, de electoralismo, de comportarse como avestruces que entierran la cabeza para no ver la realidad, y cosas por el estilo. Pero las décadas han transcurrido sin sobresaltos y hoy, la Seguridad Social, paga en 14 mensualidades una pensión media de 850 euros. No olvidemos, por cierto, que el salario medio en 2008 fue de 1.764 euros. Y más aún se debería de valorar esa cifra si se estima que para tener derecho a esa pensión en las mismas condiciones (percepción hasta el fallecimiento, viudedad del 50% e inmunidad frente a la inflación futura) ese mismo trabajador, en un sistema de capitalización, hubiera necesitado disponer de 260.000 euros en el momento de su jubilación en 2008 para comprar una renta segura (anualidad) de la misma cuantía que su pensión media de la Seguridad Social en 2009.

El problema siempre ha sido el futuro, sin duda, pero el futuro ya no es lo que era. La población española ya no es, ni por asomo, la misma que suponía alguno de nuestros académicos. Todo aquel futuro sombrío que se vislumbraba desde el rigor académico, por fortuna, se ha clareado. Sin embargo, ahora una intensa crisis de empleo ha tomado carta de naturaleza en nuestra economía comprometiendo el futuro. De nuevo, nuestro problema, y el de la Seguridad Social, es, como lo fue en la recesión de 1992-1993, la demanda de trabajo. Y lo seguirá siendo en el futuro. Pero si la economía española sale de esta crisis recuperando el vigor del pasado reciente en la demanda de trabajo, la inmigración solventará los problemas de oferta de mano de obra.

No obstante, es razonable defender que la Seguridad Social precisa esas reformas que los expertos denominan paramétricas, por formar parte de la estructura fija del sistema (años para la jubilación, cálculo de la base reguladora de la pensión, valor de los años cotizados). El sistema de reparto, yo no lo dudo, supera al de capitalización en estabilidad. Y, además, en confianza. A fin de cuentas, un seguro social público es antes que nada un seguro, que, en último término, tiene la garantía del Estado. Y estos son los momentos en los que el Estado ha tenido que asegurar a las aseguradoras (véase el caso de AIG).

Alguna gente de nuestro país, informada y experta en estas cuestiones, aduce la experiencia sueca como camino a seguir. Lo hacen porque Suecia, por consenso entre los grandes partidos, hizo una reforma sistémica (no paramétrica) para incluir como obligatorio la parte del sistema de capitalización que se forma con los recursos aportados por el 15,5% de las cotizaciones del trabajador. Hace escasos años que el sistema funciona y ha sido en 2008 cuando los jubilados suecos han experimentado en carne propia las consecuencias: la Bolsa de Estocolmo ha retrocedido un 30% afectando inevitablemente a las pensiones de los jubilados en ese año y reduciendo el capital acumulado de los que se jubilarán en los próximos. ¿Tiene ese problema solución? Muy sencilla: el Estado sueco valora la posibilidad de establecer compensaciones a los pensionistas afectados. Y, entonces, podemos preguntarnos: ¿hacían falta alforjas para ese viaje?

Luis Martínez Noval es economista.