El Gobierno y cinco ex directores de Babcock irán al banquillo por el lindane

Los cinco directores de la empresa Babcock entre 1995 y 2001 y un alto cargo del Departamento de Medio Ambiente tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por la gestión de los residuos del pesticida lindane. La Audiencia de Vizcaya ha confirmado su procesamiento por delitos contra el medio ambiente que, en el caso del entonces director de Calidad Ambiental del Gobierno Tomás Epalza, actual director de Ura, la Agencia del Agua, se agrega otro de prevaricación ambiental.

Es la primera vez que el Gobierno vasco tendrá que afrontar en un juicio su gestión del lindane, un plan que acometió desde mediados de los 90 para acabar con los graves problemas medioambientales de este pesticida, producido por dos fábricas entre 1947 y 1987 en Barakaldo y Erandio, que dejaron 82.000 toneladas de residuos en cerca de 35 focos, casi todos ellos situados en el área metropolitana. El Ejecutivo decidió enterrar todos los suelos contaminados -cerca de medio millón de metros cúbicos- en dos depósitos creados junto al aeropuerto de Bilbao y en Barakaldo. Estas medidas fueron censuradas desde el principio por la asociación Lur Maitea, al considerar que se incumplió la legislación medioambiental.

Por primera vez el Ejecutivo se ve imputado por su gestión del lindane

La causa se refiere al almacén de Babcock que guardó residuos seis años

Parte del lindane estaba en una nave totalmente abandonada de Babcock en Sestao, donde entre 1995 y 2001 estuvieron guardados 3.500 grandes sacos con residuos del pesticida -con un volumen conjunto superior a los 7.000 metros cúbicos-. Hasta cuatro informes de la Guardia Civil y el Instituto Geológico confirmaron que hubo peligro de contaminación. El último estudio, realizado en 2007 por el catedrático de Medicina de la Universidad de Granada Nicolás Olea, fue más categórico: existieron riesgos para la salud humana.

La Audiencia de Vizcaya, en un auto del pasado 7 de abril, ha confirmado el procesamiento dictado el pasado 12 de mayo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, que inculpa a los cinco directores de Babcock entre 1995 y 2001: Ricardo González Orús, Emilio Cabrera, Ramón Vecino, Eduardo Gorostiza y Joaquín Clotet. Les acusa de un delito contra el medio ambiente por permitir el almacenamiento "a la intemperie" desde 1995 a 2000, cuando se recubrieron de una lámina de polietileno, así como que los sacos estuviesen rotos o empapados por la humedad, lo que contaminó al "menos" el suelo del almacén y las tierras de los alrededores. Justifica la imputación de los sucesivos directivos de Babcock "porque tuvieron conocimiento de la existencia del depósito y de las condiciones en que se encontraba", señala el auto.

La Audiencia argumenta que el almacenamiento tuvo la autorización por el entonces director de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Tomás Epalza (otorgó el permiso en 1995 y lo prorrogó por dos veces), "sin que se realizase ninguna previa valoración de las repercusiones sobre el medio ambiente ni sobre la salud humana". El juzgado de Barakaldo afirmó que las autorizaciones se hicieron "sabedora la Administración del hecho de que las tierras depositadas, un total de 7.075 metros cuadrados, superaba los 4.200 autorizados en la resolución inicial". A ello, la Audiencia agrega que los permisos no tenían el preceptivo informe de evaluación de impacto ambiental, exigido por la ley estatal de 1986. La falta de estos estudios de impacto ha sido una de las principales críticas al Gobierno vasco en su gestión del lindane. De hecho, uno de los depósitos -el del aeropuerto- se hizo sin dicha valoración y, en cambio, el de Barakaldo, acometido varios años después, sí cumplió con este requisito legal.

El tribunal resalta las conclusiones del informe del catedrático Olea de que la exposición humana al lindane puede provocar enfermedades como el cáncer o es un factor de riesgo para la malformación en el embarazo. Recuerda que se han detectado concentraciones en la nave de Babcock y cerca de ella "cinco veces superiores a las que se asocian en los estudios epidemiologicos con riesgos graves para la salud".