La ONU exige a Israel que detenga la demolición de casas en Jerusalén Este

En Jerusalén Este, epicentro del conflicto árabe-israelí, tiene lugar desde hace 42 años una pugna, a menudo sorda, que libran ciudadanos corrientes contra la maquinaria burocrática y policial de las autoridades israelíes. Los palestinos levantan casas en lugares, ocupados desde 1967, donde han vivido sus familias durante generaciones; las excavadoras israelíes las derriban al tiempo que alzan edificios para colonos judíos. Es uno de los caballos de batalla con mayor potencial de desatar revueltas. Un total de 1.500 órdenes de demolición, que afectan a 9.000 personas, han sido ya entregadas a los dueños de las viviendas. Naciones Unidas exigió ayer al Gobierno de Benjamín Netanyahu -sumándose a EE UU y a la UE- que detenga esa práctica.

Un paseo por muchos barrios orientales de la Ciudad Santa sobra para constatar cómo se mezclan el urbanismo, la lucha por la tierra y la política en un área conquistada por Israel y cuya anexión en 1981 nunca ha sido reconocida legalmente por Naciones Unidas. De vez en cuando se observa una bandera negra en el suelo de un solar. En ese lugar había una casa.

La escena se repite con frecuencia, 25 veces desde que comenzó 2009: una familia, habitualmente extensa en la sociedad palestina, amontona sus enseres junto a su residencia. La excavadora, protegida por policías, reduce a escombros el hogar y deja a los lugareños con un rostro que es el vivo reflejo de la impotencia.

Son más de 60.000 personas, de los 225.000 palestinos que viven en la ciudad, quienes pueden resultar afectados por los derribos. Son quienes decidieron edificar sin recabar los permisos del Ayuntamiento, un 28% de todas las casas. Solicitar licencias de construcción es una tarea endiablada, que supone desembolsos cuantiosos, y que en contadísimas ocasiones da fruto. Entre otros motivos porque, según la ONU, a los palestinos sólo se les permite construir en el 13% de la superficie de Jerusalén Este. Un tercio ya fue destinado a levantar vecindarios judíos -"en violación de la legalidad internacional", dice la ONU- donde residen 200.000 personas. La marcha de la colonización (esta semana el municipio admitió que ya se construyen tres edificios de siete plantas en un barrio árabe) ha sido imparable desde hace décadas.

Son más de 18.000 las viviendas demolidas desde que Israel conquistó Cisjordania. No sólo se echan abajo en Jerusalén. Se aplica en la llamada zona C, el 60% del territorio ocupado, que es el sometido a jurisdicción civil y militar del Gobierno. En esta región, se ha denegado el 94% de las licencias solicitadas por palestinos.